BOLLEA ALCIDES ALBERTO Y OTRA c/ PROVINCIA DE TUCUMAN s/ AMPARO
Acción de amparo por cobertura de maestra integradora para una niña con síndrome de Down. La Corte rechazó el recurso de casación de la Provincia y confirmó la condena a que la Provincia se haga cargo de la cobertura total e inmediata del servicio de apoyo escolar, fundando en la prueba pericial y en precedentes vinculantes.
¿Quién es el actor?
Alcides Alberto Bollea y Ana María de las Nieves Alzabé Ramos Taboada (padres de la menor).
¿A quién se demanda?
Provincia de Tucumán.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Cobertura integral y continua del servicio de apoyo escolar mediante una maestra integradora para su hija Florencia Bollea Alzabé (nacida el 17/02/2010; diagnosticada con síndrome de Down), durante la jornada escolar (lunes a viernes, turno 8 a 12) en el Colegio Giosué Carducci; se solicitó además medida cautelar y se ofreció prueba. Se mencionó un monto solicitado de $32.500 mensuales en concepto de honorarios para la docente.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el recurso de casación interpuesto por la Provincia y se confirmó la sentencia de la Cámara que declaró la inconstitucionalidad del art. 57 de la ley 6944 (competencia del tribunal) y condenó a la Provincia de Tucumán a hacerse cargo de la cobertura total e inmediata del servicio de apoyo escolar mediante maestra integradora, con alcance y límite conforme al Nomenclador de aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para personas con discapacidad; costas de la instancia extraordinaria para la recurrente; regulación de honorarios reservada.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"La Cámara concluyó en que 'corresponde -en suma- condenar a la Provincia de Tucumán a hacerse cargo en forma exclusiva de la cobertura total e inmediata del servicio de apoyo de integración escolar a favor de Florencia Bollea Alzabé, la que será suministrada por la Profesora en Educación Especial Gisella A. Lezcano, o por quien la reemplazare a pedido de los representantes de la menor. En relación a la extensión de dicha condena, corresponde disponer la cobertura de aquella prestación únicamente hasta el importe de los valores establecidos en el Nomenclador de aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para personas con discapacidad, por ser ellos los parámetros del caso y no encontrarse entredicha desde el punto de vista constitucional, su aplicabilidad'."
"En efecto, tal decisión lejos de basarse en 'afirmaciones dogmáticas' como pregona la recurrente, meritó adecuadamente las actuaciones obrantes en el Expediente n° 011233-230-B-2017, del cual se desprende que, en definitiva, el servicio de apoyo escolar de una maestra integradora allí solicitado no fue satisfecho por la demandada. Así también, la Cámara consideró que la prestación reclamada, con las características y modalidades solicitadas por parte actora, se encuentra avalada en su pertinencia por la Perito Médico Oficial interviniente quien, en las conclusiones de su informe, afirmó que la hija de los amparistas 'SÍ requiere en forma continua e ininterrumpida, el apoyo de maestra integradora, de lunes a viernes, jornada escolar completa, en la escuela que concurre. El fundamento del acompañamiento con la maestra de apoyo, se debe a que su aprendizaje se encuentra limitado por su condición de Discapacidad. Requiere adaptación de los contenidos curriculares y seguimiento de la docente, para cumplir con las consignas y culminar las actividades propuestas en forma guiada. Mejorando su calidad de vida, en cuanto que se le posibilita insertarse en la sociedad'. Agregó que 'La Maestra integradora que se encuentra propuesta para realizar la integración a la niña, se encuentra acreditada por el Ministerio de Educación para prestar el servicio de integración escolar (Ley 24.901, Art. 39 inc. a). Es importante que los docentes que realizan esta tarea se encuentren acreditados y capacitados para realizar esta función. El cambiar de docente perjudicaría a la niña, quien se encuentra adaptada con su Profesora actual' (fs. 106 y vta.)."
"La sola lectura del fallo impugnado revela la inexistencia del vicio alegado que justifique su descalificación como acto jurisdiccional válido. Lo resuelto por el Tribunal cuenta con fundamentos bastantes, respaldados en las constancias de autos y no se advierte la existencia de vicios lógicos en el razonamiento de la sentencia, ni infracción a las reglas de la sana crítica que justifiquen la procedencia de la tacha de arbitrariedad que se pregona en el recurso."
¿Cómo votaron los jueces?
Unanimidad de la Sala (doctores Claudia Beatriz Sbdar, Daniel Oscar Posse y Antonio D. Estofán), sin disidencias.
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Leyes que cita
- Ley 24.901Discapacidad
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