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Tribunal Superior

VEGA DE BORELLI SUSANA DEL CARMEN c/ LUQUE EMILIO SALVADOR s/ COBRO DE PESOS

La actora promovió demanda por cobro de pesos y reconocimiento de relación laboral con prestación de servicios de bromatología. La Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo rechazó el recurso de casación de la demandada y confirmó la conclusión de existencia de contrato de trabajo por dependencia jurídica, técnica y económica, con costas a la recurrente.

Fecha de la sentencia
Tribunal
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - Sala Laboral y Contencioso Administrativo (TUCUMAN)
Fuero
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - Sala Laboral y Contencioso Administrativo
Jurisdicción
Local · Tucuman
Expediente
L1620/13
Relacion laboral Dependencia juridica-tecnica-economica Principio de primacia de la realidad Prueba testimonial Prueba instrumental Presuncion art. 23 lct Casacion laboral Costas a la parte vencida Deposito judicial $258.486 37 Unanimidad.

¿Quién es el actor?

Susana del Carmen Vega de Borelli (actora).

¿A quién se demanda?

Emilio Salvador Luque (demandado).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Cobro de pesos y reconocimiento de relación laboral/contrato de trabajo por tareas de bromatología (reconocimiento de vínculo laboral y condena).

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de casación deducido por la parte demandada contra la sentencia de la Cámara del Trabajo (fs. 658/673) que había reconocido la existencia de la relación laboral dependiente; se impusieron las costas de la instancia al recurrente. Reserva de regulación de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Del análisis del plexo probatorio obrante en autos, tenemos que la actora produjo (...) prueba positiva alguna que acredita que los servicios que afirma haber prestado para la demandada (...) lo fueron con carácter dependiente, tornando operativa la presunción del art. 23 de la LCT.

(...) Por un lado la instrumental (...) acompañada (...).

La exhibición requerida a la demandada fue parcialmente cumplida (...) y si bien no se trata de documentación obligatoria a la que aluden los arts. 52 y 55 LCT, muestran la reticencia de la accionada a exhibir documentación que refiere a la actora (...) generando una presunción en su contra, que (...) resulta avalada por probanzas concretas.

La confesional concretada en esta instancia solo mantiene la posición asumida por la accionada en autos de negar la existencia de un departamento de bromatologia en la empresa, su ubicación, así como afirmar la eventualidad de los servicios para dicha cuestiones bromatológicas, nada de lo cual ha sido acreditado en autos ante la absoluta orfandad probatoria de la accionada.

Los informes agregados a fs. 291, 373 y 378, ratifican la actuación de la Dra Vega de Borelli como representante de la firma Emilio Salvador Luque en cuestiones e bromatología, habilitaciones, inspecciones, descargos, et. Desde el año 2010 al año 2013 (...).

Sobre la prueba testimonial (...) destaco que los testigos que declararon, cuya tacha he rechazado, exponen con claridad esa relación de dependencia o de carácter dirigida que debe primar en toda relación laboral (...). Por otra parte, existe correspondencia entre los dichos de los testigos, como así también entre estos y los hechos sostenidos en demanda.

(...) Testigo Flores -inspector de la DIPSA (...) manifiesta como era el procedimiento de inspecciones habitual: que llegaban con la orden de trabajo, si era en el circuito mayorista eran atendidos por el Señor gerente de la firma, quien se comunicaba a donde estaba la actora en Avenida Juan B Justo y pasaje 1º de Mayo a quien debían esperar para realizar todo tipo de inspecciones. Afirma el testigo que la actora amen de defender los intereses de la empresa, asistía en los controles que se efectuaban con sus propios aparatos de medición y firmaba todas las actuaciones. Agrega que los operativos eran en distintos locales de Luque (...) y agrega que los procedimientos a veces comenzaban a las 9 y terminaban cerca de la 12hs o 13hs dependía de la inspección que había que realizar, y en otros casos desde las 19hs hasta 24hs. Al solicitarle la accionada aclaratorias el testigo responde que el intervino en unos 12 procedimientos.

...La permanencia en la labor prestada por la actora, a lo largo de casi 3 años, y su carácter de retribuida, excluyen toda hipotética duda sobre su naturaleza laboral dependiente, (...).

Volviendo a la alegada y no demostrada locación de servicios (...) vale recordar que la diferenciación con la locación de servicios (...) la subordinación jurídica (...) importa el derecho del empleador a dar instrucciones y órdenes y la correlativa obligación del trabajador de acatarlas, en este caso aplicar toda su diligencia y capacidad para lograr el objetivo de obtener habilitaciones y autorizaciones municipales, defender la actuación de su empleador en materia de sanidad, y cumplimiento de normas y leyes en materia de bromatología, a cambio de una retribución mensual que la actora refiere y de la cual la demandada omite toda versión y prueba para considerarla esporádica (...) y también sus potestades de dirección y/o disciplinarias para el caso de no ser acatadas sus órdenes (...).

Sostener que nada de esto obedecía a instrucciones u ordenes patronales, resulta inverosímil, y a todo evento, su repetición a lo largo de 3 años implica una conformidad con las modalidades que escapa al mero voluntarismo del 'prestador' del servicio, destacando actos que difícilmente pueden hacerse sino es con conformidad del beneficiario, como ser solicitar habilitación para un determinado local comercial, para un área o seccion nueva, autorizaciones, efectuar descargos, firmar inspecciones, etc.

Nada de lo que aquí considerado muestra a un empresario –con capital, estructura y medios propios- al frente de la gestión que se prestaba a la accionada, lo que a la luz del principio de 'primacía de la realidad' en donde se dejan de lado el disfraz, apariencia o cobertura que fijaron las partes, y se observa solo la verdadera naturaleza jurídica de la relación conforme estos hechos acreditados por las partes, lo que me permite concluir que estamos ante la existencia de un contrato de trabajo (regido por el art. 21 LCT y ccdantes) entre la señora Susana del Carmen Vega de Borelli y Emilio Salvador Luque." (fs. 664 vta./667 vta.)"

"En consecuencia, entiendo que la crítica efectuada por la recurrente resulta infundada y no llega a demostrar que la Cámara se hubiera apartado de prescripciones de la ley sustantiva o adjetiva, o que hubiera hecho primar una solución manifiestamente contraria a las reglas de la lógica y de la experiencia, tornando arbitraria la sentencia que cuestiona. Por el contrario, considero que el A quo fundó su decisión en elementos probatorios suficientes, sin que se advierta un déficit en su razonamiento lógico con entidad bastante para descalificar el fallo como acto jurisdiccional válido, ni inobservancia o infracción de las disposiciones legales que la recurrente denuncia vulneradas; por lo que propicio desestimar los agravios explanados por esta última." (fs. 677/678)

¿Cómo votaron los jueces?

Unanimidad de la Sala (Posse, Sbdar y Leiva) por rechazar el recurso.

Montos/fechas relevantes: depósito judicial a la fecha 14-6-2018 por $258.486,37; sentencia de cámara atacada del 16-3-2018; sentencia de casación de fecha 25-6-2019.

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