SANCHEZ REINALDO AMAURI C/ GATICA DE IBAÑEZ NOEMI DEL VALLE - EMBARGO PREVENTIVO - DAÑOS Y PERJUICIOS - RECURSO DE QUEJA
El recurrente promovió recurso de queja vinculado a un embargo preventivo y costas por daños y perjuicios, en relación con el pago de la tasa judicial. El Tribunal ordenó aplicar la multa equivalente al 100% de la Tasa Judicial y disponer la iniciación de la ejecución fiscal sobre la base de los certificados previstos en el art. 312 de la Ley 5426, por incumplimiento de la intimación de pago.
¿Quién es el actor?
SÁNCHEZ REINALDO AMAURI (recurrente).
¿A quién se demanda?
GATICA DE IBAÑEZ NOEMI DEL VALLE (materia originaria: embargo preventivo - daños y perjuicios).
Qué se reclama (Objeto de la demanda / del recurso): Recurso de queja contra actuaciones relativas a embargo preventivo y decisión definitiva; cuestión principal en esta resolución: intimación para pago de Tasa de Justicia y Derecho de Archivo y consecuencias por incumplimiento.
¿Qué se resolvió?
Se aplicó al obligado al pago la multa equivalente al 100% de la Tasa Judicial (art. 311 apart. b, Ley 5426) y se dispuso la iniciación de la ejecución fiscal sobre la base de las certificaciones previstas en el primer párrafo del art. 312 de la Ley 5426, que serán título ejecutivo para el Órgano de Contralor.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"1.- Que concluída la presente causa con el fallo definitivo de fs.sub 33, se corre Vista a la Oficina de Contralor de Tasas Judiciales la que responde a fs. sub 37 informando y presentado liquidación, correspondiendo en consecuencia intimarse el ingreso de las tasas adeudadas.- El Tribunal intima al recurrente para que en el término de cinco dias haga efectivo el pago de la Tasa de Justicia y Derecho de Archivo, con intereses, bajo apercibimiento de proceder conforme lo determina el art. 311 del Código Tributario (fs. sub 38). Debidamente notificado, el obligado al pago no comparece conforme a las constancias de autos, en particular cédula de fs. sub 39."
"2.- Que en relación al tema en estudio, cabe tener presente que el hecho imponible que genera la obligación de pagar la Tasa de Justicia y Derecho de Archivo, son los servicios que presta el Poder Judicial de la Provincia, conforme a lo estatuido por los arts. 279 y 305 de la Ley 5426 y Ley Impositiva Anual. En el presente caso, todo lo actuado a partir de la deducción del recurso de queja."
"3.- Que en virtud de todo ello y lo establecido en el art. 311 de la Ley citada, corresponde aplicar la multa equivalente al 100% de la Tasa Judicial, e iniciar la ejecución fiscal sobre la base de las certificaciones de mención en el apart. b) de dicha norma."
Y dispositivo final (transcripción literal):
"SE RESUELVE: I) Aplicar al obligado al pago la MULTA equivalente al 100% de la Tasa Judicial (art. 311 apart. b, ley 5426). II) Disponer la iniciación de la ejecución fiscal sobre la base de los certificados a que se refiere el primer párrafo del art. 312, Ley 5426, que serán título ejecutivo para el Organo de Contralor accionante. REGISTRESE Y NOTIFIQUESE."
¿Cómo votaron los jueces?
El Dr. Horacio G. Zavala Rodriguez inicialmente votó en disidencia el 19-12-11, señalando que debía responsabilizarse también al profesional que realizó la actuación gravada (art. 283 Código Procesal) y fundamentando en precedentes (mencionó voto en minoría en STJSL N° 120/11). Posteriormente, tras considerar la sentencia de la Corte Suprema del 13-3-2012 y por razones de jerarquía y seguridad jurídica, el Dr. Zavala dejó sin efecto su disidencia y prestó conformidad al voto de la Dra. Novillo. Los Dres. Novillo, Rubio y Uría acompañaron la decisión; no se registra en el dispositivo ninguna medida exoneratoria para los profesionales intervinientes.
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