MIGUEL JORGE ANDRES c/ PROVINCIA DE TUCUMAN s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
El actor promovió demanda contra la Provincia de Tucumán por daños y perjuicios derivados de la prisión preventiva y la consecuente pérdida de haberes. La Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo de la Corte casó íntegramente la sentencia de Cámara por error en la determinación del dies a quo de la prescripción y remitió la causa para que se vuelva a decidir sobre la excepción de prescripción y, en su caso, sobre la procedencia de la demanda.
¿Quién es el actor?
Miguel Jorge Andrés (denominado también Miguel en el fallo).
¿A quién se demanda?
Provincia de Tucumán.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Indemnización por daños y perjuicios derivados de prisión preventiva y por retención del 50% de haberes (daño emergente) por haberse pasado a situación pasiva y retiro obligatorio; además se reclamaban pérdida de chances y otros rubros.
¿Qué se resolvió?
Se hizo lugar al recurso de casación deducido por la Provincia, se casó íntegramente la Sentencia Nº 688 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo (30/11/2016), dejándola sin efecto, y se remitió la causa a la Cámara para que dicte un nuevo pronunciamiento sobre la excepción de prescripción y, en su caso, sobre la procedencia de la demanda. El recurso de casación del actor fue declarado de abstracto pronunciamiento. Se impusieron las costas del recurso por el orden causado.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Como bien marcara el Alto Tribunal Federal, “la prescripción no puede separarse de la pretensión jurídicamente demandada (Fallos: 308:1101 y 322:1888)”, de modo que -tal como acontece en la especie- si el hecho que sirve de fundamento a las pretensiones resarcitorias lo constituye la privación de la libertad ambulatoria, el plazo de prescripción de la acción para reclamar los daños respectivo empieza a correr una vez que cesa la prisión reputada ilegítima por el actor.
En efecto, “el punto de arranque del curso de la prescripción debe ubicarse a partir del momento en que la responsabilidad existe y ha nacido la consiguiente acción para hacerla valer (artículo 3958 del Código Civil)”; y si bien “ello acontece, como regla general, cuando sucede el hecho ilícito que origina la responsabilidad, [...] excepcionalmente, puede determinarse un momento diferente, ya sea porque el daño aparece después o bien porque no puede ser apropiadamente apreciado hasta el cese de una conducta ilícita continuada (Fallos: 311:1478 y 2236; 312:1063 y 322:1888)” (cfr. considerando 4º del voto de la mayoría en Fallos: 333:802)."
"En función de lo dicho, y sin que sea necesario -por inoficioso- analizar el restante agravio como así tampoco pronunciarse sobre la impugnación de la parte actora, cabe hacer lugar al recurso de casación deducido por la demandada en contra de la Sentencia Nº 688 dictada por la Sala IIIª de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo en fecha 30 de noviembre de 2016, sobre la base de la siguiente doctrina legal: “Incurre en arbitrariedad y, por ende, resulta descalificable como acto jurisdiccional válido la sentencia que retrasa el comienzo del plazo de prescripción de una acción indemnizatoria por error judicial a un momento posterior al del cese de la prisión dictado en consonancia con la firmeza de la declaración de ilegalidad de la sentencia condenatoria, sin indicar cuál sería el impedimento que, una vez que recuperó la libertad ambulatoria, el imputado tenía para demandar la reparación de los perjuicios derivados de la privación de aquella”."
¿Cómo votaron los jueces?
La sentencia fue unánime; los Dres. Posse (voto preopinante), Novillo y Acosta votaron en igual sentido.
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Leyes que cita
- Ley 340Codigo civil
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