GALLARDINI MARIO ENRIQUE Y OTRA c/ CAJA POPULAR DE AHORROS DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN s/ DAÑOS Y PERJUICIOS

¿Quién es el actor?

Mario Enrique Gallardini (y otro), cesionario de los derechos de su madre Victoria Ordóñez.

¿A quién se demanda?

Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Daños y perjuicios (daño emergente, daño extrapatrimonial; fueron peticionados también pérdida de chance, lucro cesante y daño punitivo que fueron rechazados). Hecho dañoso: estafa ocurrida el 14/10/2015.

¿Qué se resolvió?

Se confirmó en lo esencial la sentencia de primera instancia que hizo lugar parcialmente a la demanda condenando a la caja a reintegrar $56.608,68 por daño emergente (más tasa activa del BNA desde 09/10/2015) y a pagar $5.000.000 por daño extrapatrimonial (con intereses moratorios del 6% anual desde 09/10/2015 y luego tasa activa del BNA). Se hizo lugar parcialmente a la apelación únicamente para modificar la dispositiva relativa a costas: ahora costas 20% a cargo del actor y 80% a la demandada, respetando la exención de la actora por justicia gratuita. Honorarios se reservan para su oportunidad.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"I. HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de apelación interpuesto el 09/04/2024 por el letrado A. Ricardo Chebaia, en representación de la parte demandada Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán, contra la sentencia definitiva n.° 187 dictada en fecha 19/03/2024, la que se revoca unicamente en su dispositiva III, proveyendo en sustitutiva: 'III. COSTAS, se imponen en un 20% al actor y el 80% restante a la demandada, conforme se considera (art 63 CPCCT); sin perjuicio de que la parte actora se encuentre eximida de abonarlas por gozar del beneficio de justicia gratuita (conf. arts. 487 CPCCT y 53 LDC).'

"III.1. En primer lugar, se desestima la queja de la apelante dirigida al rechazo del planteo de prescripción liberatoria opuesto por su parte. Es que, a diferencia de lo alegado por la recurrente la presente acción no es de 'cobro' de un certificado o documento, sino de daños y perjuicios derivados de la responsabilidad civil, y por lo tanto el plazo de prescripción aplicable no es de un año (Art. 2564 inc. d del CCCN) como insiste, sino de tres (3) como fue acertadamente aplicado en la resolución impugnada (conf. Art. 2561 Cód. cit)."

"III.4. Distinta solución merece la imposición de costas fijadas en la sentencia de primera instancia en su totalidad a la parte demandada, aplicando la regla general de la derrota y reparación integral. Ello así, pues de los propios términos del fallo apelado surge que no todas las pretensiones de la parte actora fueron acogidas; al contrario, fueron rechazados los rubros de 'pérdida de chance', 'lucro cesante' y 'daño punitivo'... se torna equitativo prorratear las costas del proceso, en una proporción del 80% a cargo de la parte demandada y un 20% a cargo de la parte actora, lo que estimo refleja de manera más justa el resultado integral del pleito."

¿Cómo votaron los jueces?

La solución adoptada surge del acuerdo mayoritario (votos de la Dra. Laura A. David y del Dr. Álvaro Zamorano). El Dr. Zamorano se adhirió al voto preopinante de la Dra. David; no hubo disidencia relevante.