FIORI JORGE ALEJANDRO c/ FCA SA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS Y OTRO s/ SUMARIO (RESIDUAL)

¿Quién es el actor?

Fiori Jorge Alejandro.

¿A quién se demanda?

FCA S.A. de Ahorro para Fines Determinados y PIAZZA S.A.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Nulidad/abusividad de la cláusula 1.7 relativa al “valor móvil” en un plan de ahorro; reliquidación de cuotas; reintegro de gastos de administración (honorarios), daño moral y daño punitivo ($400.000), y demás resarcitorios derivados del funcionamiento del plan de ahorro.

¿Qué se resolvió?

La Cámara hizo lugar a los recursos de apelación interpuestos por las demandadas y, en consecuencia, revocó la sentencia de primera instancia que había declarado la nulidad de la cláusula 1.7, ordenado reliquidación y condenado solidariamente a las demandadas. Además, no hizo lugar al recurso de apelación del actor, impuso las costas de ambas instancias a la parte actora y reservó pronunciamiento sobre honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En lo pertinente, la imputación por parte del a quo a la demandada de violación al 'deber de información' se presenta como amplio, poco preciso y sin sustento en las constancias de autos. Así, del contrato y de los correspondientes cupones de pago, resulta con total claridad los rubros que integran la cuota (alícuota, cargos administrativos, etc) y su ajuste de conformidad con la variación del Valor Móvil. Por otra parte, no se puede exigir que las demandadas brinden información de una variable que le es ajena, como lo es el Valor Móvil, fijado por las terminales automotrices de conformidad con la RG 08/15 de la IGJ... Es decir, no es la administradora demandada quien fija el valor del bien ('valor móvil') a adquirir, sino que quien lo determina es el fabricante del bien (o importador en este caso), lo que surge de la normativa vigente antes señalada, con lo que mal puede sostenerse que no informar sobre datos que no posee pueda constituir una violación al deber de información."

"En base a lo expuesto, la sentencia debe ser revocada en su integridad, lo que torna innecesario el análisis de los agravios relativos a los rubros indemnizatorios admitidos que, por el resultado de las apelaciones deducidas por la demandada, se torna improcedentes necesariamente; sin perjuicio ello de que se analice si las demandadas han incurrido en una conducta que merezca se les aplique una sanción punitiva."

"No debe perderse de vista que los llamados 'daños punitivos' no tienen carácter resarcitorio... Hecha la precisión precedente y conforme a lo hasta aquí expuesto, no se advierte una conducta reprochable o desaprensiva en las demandadas que amerite la aplicación de la sanción prevista por el art. 52 bis de la Ley Nº 24.240, la cual, cabe recordar, debe aplicarse con suma prudencia por parte de los jueces."

¿Cómo votaron los jueces?

los Dres. María del Pilar Amenábar, Alberto Acosta y Raúl Bejas (la deliberación culminó con la propuesta de la Dra. Amenábar, adhesión del Dr. Acosta y el voto negativo expresado por el Dr. Bejas en el cuerpo del expediente), resultando en la revocación íntegra de la sentencia apelada y la imposición de costas a la parte actora.