RIOS OLGA BEATRIZ c/ PROVINCIA DE TUCUMAN s/ AMPARO

¿Quién es el actor?

Olga Beatriz Ríos (amparista, jubilada provincial transferida).

¿A quién se demanda?

Provincia de Tucumán.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Que se ordene a la Provincia respetar la movilidad y el porcentual del 70% con el que se le concedió la jubilación (Ley n° 6446), por presunta omisión al actualizar haberes en relación con aumentos otorgados a activos de la DGR; se solicitó además información sobre el sueldo actualizado de un agente cat. 18, incluido Fondo Estímulo.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de casación interpuesto por la actora; confirmó la sentencia de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de fecha 23/11/2018 que había NO HACER LUGAR a la acción de amparo por no acreditarse el incumplimiento invocado. Se impusieron costas a la recurrente en esta instancia y se reservó regulación de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Conforme fuera señalado ab initio, por Sentencia n° 202/18 la Sala I° de la Cámara del fuero, al actuar como Tribunal de reenvío, declaró admisible la presente acción de amparo (fs. 97/99), y consta que, luego de haber sido notificado a la demandada (fs.101), dicho pronunciamiento quedó firme. De manera que al resultar cosa juzgada la admisibilidad de la vía escogida por la amparista, la labor de este Tribunal se limitará a analizar, en esta oportunidad, si su planteo resulta procedente o no."

"En el contexto apuntado corresponde determinar si la garantía de la movilidad ha sido lesionada (o no) en la especie" y consideró que "una respuesta negativa se impone a la luz de las pruebas arrimadas al presente proceso de amparo."

"De lo antes expuesto cabe inferir que no se acreditó en el marco de esta acción de amparo, el presupuesto fundamental para la procedencia de la pretensión de la actora. En efecto, no hay en autos constancias sobre el ingreso que percibe en la actualidad, el agente activo de la categoría 18 de la DGR, dato imprescindible para determinar el perjuicio diferencial, con sus ingresos previsionales.

Lo único que se acreditó en autos es su condición de jubilada y el haber que percibía en el mes de agosto de 2015 (ver fs. 3) y en el mes de julio de 2018 (ver fs. 123), sin que exista información alguna acerca de cuál es el sueldo del activo en el cargo de referencia.

Es así que con los elementos aportados a la causa no es posible conocer el haber del activo en el cargo testigo con el que se jubiló la amparista (cat. 18 DGR), y por tal motivo resulta imposible establecer si el beneficio previsional que percibe actualmente, alcanza (o no) el porcentual del 70% al que tendría derecho".

Además, la Corte sostuvo que la aplicación de la carga probatoria dinámica es excepcional y no quedó acreditado que se configuraran las circunstancias que la habilitarían, citando: "la circunstancia de que se haya aceptado en los últimos tiempos el principio de la carga probatoria dinámica, no habilita a que en cualquier contienda resulta aplicable dicho criterio... Es menester que su aplicación quede sujeta a casos excepcionales..." (citas a precedentes de la Sala).

Sobre las medidas para mejor proveer, la Corte precisó que su ausencia no configura por sí arbitrariedad: "las medidas para mejor proveer solo se justifican en el excepcional supuesto en que el Tribunal carece de elementos de juicio... no puede pedirse que en la instancia casatoria se anule una sentencia por arbitrariedad porque la Cámara no dictó una medida para mejor proveer, pues es obvio que consideró que tenía todos los elementos para resolver".

¿Cómo votaron los jueces?

Voto preopinante de la Dra. Claudia Beatriz Sbdar, acompañado por los Dres. Daniel Oscar Posse y Antonio D. Estofán (unanimidad). El bloque dispositivo final dispone NO HACER LUGAR al recurso de casación.