CASTILLO S.A.C.I.F.I.A. c/ PROVINCIA DE TUCUMAN -D.G.R.- s/ NULIDAD/REVOCACION
La parte demandada interpuso recurso de casación contra la sentencia de la Cámara que rechazó su revocatoria contra la regulación de honorarios. La Corte hizo lugar a la casación por autocontradicción en la motivación, casó la sentencia y remitió la causa para que la Cámara dicte un nuevo pronunciamiento.
¿Quién es el actor?
CASTILLO S.A.C.I.F.I.A. (actora).
¿A quién se demanda?
Provincia de Tucumán - Dirección General de Rentas (demandada).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Nulidad de actas de deuda (actas Nº A6/2014 y A678/2013) y, en instancia posterior, revocatoria por la demandada contra la regulación de honorarios practicada el 05/4/2018.
¿Qué se resolvió?
La Excma. Corte Suprema de Justicia hizo lugar al recurso de casación interpuesto por la demandada, casó la sentencia de la Cámara del 26/6/2018 por motivos de autocontradicción en la motivación, devolvió el depósito de ley, impuso costas conforme al orden causado y remitió los autos a la Cámara para que dicte nuevo pronunciamiento sobre la revocatoria en los términos del art. 31 de la Ley Nº 5.480. Reservó pronunciamiento sobre la regulación de honorarios para oportunidad ulterior.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"A la luz del criterio expuesto, se observa que la Cámara incurrió en la contradicción denunciada por la recurrente. En efecto, el pronunciamiento impugnado sostuvo que en la sentencia del 05/4/2018 “se expresó que los ‘montos serán tomados como pauta indicativa a los fines de la regulación, en el entendimiento de constituir un elemento más a ser tenido en cuenta para la determinación de los emolumentos profesionales, juntamente con otras pautas mencionadas en el artículo 15 de la ley Nº 5.480’ (…) Concretamente, en el auto regulatorio se tuvieron en cuenta como pauta indiciaria los montos de las actas de deudas, los que al sumarlos arrojaron como resultado 30.439.841,61”. Manifestó que “Determinada la base, para regular los honorarios del letrado Stok se calculó sobre ese monto un 13% (entre el 11% y 20%), y no el máximo como sostiene enérgica y equivocadamente la parte demandada, y a ese 13% se le adicionó un 55%, debido a que el letrado actuó en el doble carácter de abogado sin patrocinio (cfr. artículo 14 de la ley N° 5.480)”. En otros términos, la Cámara aplicó un porcentaje de “entre el 11% y 20%” del monto de juicio de acuerdo a lo previsto por el art. 38 de la Ley Nº 5.480, cuando tal como lo señala la propia sentencia, el presente juicio carece de monto.
El principio de contradicción postula que ningún contenido del pensar (como lo es la sentencia) debe estar en contradicción consigo mismo, ni con otros contenidos de la misma índole. En la especie, el acto sentencial encierra elementos mutuamente excluyentes al haber resuelto lo mismo, de manera diferente, al mismo tiempo. Ello lo sitúa en la esfera de lo arbitrario debido a que el defecto impacta en la propia estructura de la decisión, afectando la armonía que debe reinar en sus proposiciones" (citas de precedentes).
La autocontradicción existente en la línea argumental del fallo impugnado, que afecta una de las premisas básicas sobre las cuales se asienta lo allí resuelto, constituye una infracción al deber de fundamentación, lo cual descalifica al pronunciamiento recurrido como acto jurisdiccional válido por transgredir el art. 18 de la Constitución Nacional que garantiza el debido proceso legal, y los arts. 30 de la Constitución Provincial y 265 del CPCyC -a los que remite el art. 57 del CPA-, que imponen a los jueces el deber de motivar sus decisiones.
Por lo expresado, corresponde Hacer Lugar al recurso de casación interpuesto y, consecuentemente, Casar la sentencia recurrida, en base a la siguiente doctrina legal: “Es arbitraria por infringir el deber de adecuada motivación, y por ende nula, la sentencia que incurre en autocontradicción”, y Remitir lo autos a la Cámara de origen a fin que, por intermedio de la Sala que por turno corresponda, dicte en lo pertinente nuevo pronunciamiento sobre la revocatoria interpuesta por la demandada, en los términos del artículo 31 de Ley Nº 5.480, contra la regulación de honorarios practicada a fs. 649/650 vta."
(Votos: la Dra. Claudia Beatriz Sbdar formuló el voto preopinante; los Dres. Daniel Oscar Posse y Eleonora Rodríguez Campos adhieren. Resultado unánime conforme al dispositivo transcripto.)
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