FEDERACION DE EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA AZUCARERA (FEIA) s/ INCIDENTE DE REVISION

¿Quién es el actor?

Recurren en apelación el CPN Gustavo Madkur (síndico), la Dra. Cristina Hurtado (letrada patrocinante del síndico), y el Dr. Luis Romero Abadie (apoderado de OSPIA); también habían apelado el Dr. Saúl Ibáñez y el Dr. Pablo M. Mercado (concursada), con desistimiento y declaración de desierto, respectivamente.

¿A quién se demanda?

Sentencia apelada dictada por la jueza de grado que regló honorarios (resolución de fecha 22/12/2009).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Revisar la regulación de honorarios practicada en el incidente de revisión de crédito (y asunto conexo de caducidad de instancia), en particular la base regulatoria, la actualización de la base hasta la fecha de regulación, la aplicación de la ley 7.897 para el síndico, y la cuantía de los estipendios.

¿Qué se resolvió?

La Cámara hizo lugar parcialmente a los recursos de apelación del síndico, de la Dra. Hurtado y del apoderado de OSPIA; tuvo por desistido el recurso de Ibáñez y declaró desierto el de Mercado; confirmó varios montos fijados en primera instancia, pero modificó la regulación de honorarios del síndico fijándolos en $3.000 al 10/3/2008; ordenó que las bases y estipendios se consideren regulados al 10/3/2008 y reguló honorarios por la alzada y por el incidente de caducidad de segunda instancia (montos concretos asignados a cada profesional).

¿Cuáles son los fundamentos principales?

5.- En lo atinente a los agravios de OSPIA vinculados con la base regulatoria, se advierte que la incidentista pretende la aplicación del art. 65 inc. c de la ley 5480. Sin embargo, el presupuesto de hecho de aplicación de esa norma es que exista un crédito verificado, según surge de su texto expreso, y ello no ha acontecido en la especie porque, como se dijo, a raíz de la declaración de caducidad de instancia no llegó a resolverse sobre la admisión o rechazo del crédito.

Ha dicho la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que: “El a-quo ha encuadrado el caso en lo normado por el art.66, inc. c de la ley arancelaria 5.480, por tratarse de un incidente de verificación tardía. No obstante, se advierte que el presente ha concluido con la declaración de caducidad de la instancia, sin que exista pronunciamiento sobre la procedencia de su pretensión. Por ende, el citado inciso no resulta aplicable al caso, en tanto sólo aprehende los supuestos en que el pedido de verificación ha prosperado, disponiendo que la base regulatoria será "el monto del crédito verificado en el pertinente incidente". Y según consta en autos, el pretenso crédito invocado por la actora no llegó a verificarse ante la caducidad operada” (CSJT, sent. 493, 23/8/1994, “Villagrán, Rubén Telésforo s/ Concurso Preventivo s/ Inc. p.p. Alpargatas S.A. s/ Verif. Tardía de Crédito”).

6.- Respecto a la denominada “actualización” de la base regulatoria que reclaman el Síndico y la Dra. Cristina Hurtado, de la lectura de la sentencia apelada se observa que la base tomada por la jueza de grado incluye los intereses reclamados por OSPIA en el pedido de verificación de crédito. Ninguno de los apelantes se agravió de la decisión del juez de grado de incluirlos, por lo que este punto de la sentencia ha quedado firme y no puede ser revisado.

La suma que se ha fijado como base es la que surge de la planilla presentada por el CPN Gustavo Madkur a fs. 161/172 -que los incorpora- con la estimación de dicha base realizada al 10/3/2008. Por ello, la Dra. Cristina Hurtado carece de interés en que se actualice la base hasta esa fecha, de modo que la queja de los apelantes debe entenderse circunscripta -como lo expresó el Síndico con claridad en su memorial- a la falta de incorporación en la base de los intereses correspondientes al tiempo que transcurrió desde aquella fecha hasta que se dictó la resolución de regulación de honorarios, toda vez que -como se dijo- los intereses fueron calculados al 10/3/2008 (fecha de la planilla practicada por el Síndico) y el auto de regulación de honorarios data del 22/12/2009 (fs. 211). De ello se infiere que los emolumentos fueron fijados sobre una base que había quedado desactualizada.

Frente a ello, resulta indudable el derecho de los apelantes a que se fijen sus honorarios sobre una base actual, o bien, que sus estipendios se calculen a la fecha en que se elaboró la planilla, como un imperativo para asegurar una adecuada contraprestación por la labor realizada, que respete el derecho de propiedad de los profesionales.

Debido a que en el presente incidente el juez reguló honorarios sobre una base calculada casi dos años antes del pronunciamiento, los emolumentos deben considerarse fijados a la fecha de la planilla, es decir al 10/3/2008. En consecuencia, se acogen los recursos de apelación del Síndico y de la Dra. Hurtado en relación a este punto.

7.- El agravio referido a que se omitió aplicar la ley 7897 para regular los honorarios del Síndico, debe ser desestimado. Su labor profesional se cumplimentó en períodos anteriores a la vigencia de la ley 7897 -31/8/07-, ya que el nombrado hizo el planteo de caducidad de instancia el 22/5/2006 (fs. 176/179), por lo que cuando desplegó su tarea profesional estaba vigente la ley 3706 del año 1971, en su texto consolidado por la ley 6508 ... En consecuencia, resulta inadmisible la pretensión de que se aplique la nº 7897 ya que no regía a la fecha en que se desplegó la labor profesional.

“No es admisible que frente a una ley remuneratoria específica de una profesión, deba tener primacía un cuerpo legal que regula la retribución propia de otra actividad, como la ley 5480. Ello sin perjuicio de que algunas pautas de esta última puedan ser aplicadas analógicamente (arg. art. 16, C. Civil) ... Si dicho régimen específico ha sufrido modificaciones, deberá atenderse a las disposiciones contenidas en la ley vigente a la época en que se cumplió la labor encomendada.”

¿Cómo votaron los jueces?

La sentencia fue dictada por dos miembros del Tribunal con coincidencia de votos entre el primer y segundo votante; el bloque dispositivo final (transcripto en la parte resolutiva) es lo que manda y refleja la decisión mayoritaria.

Si hay votos en disidencia relevantes: No se consignan votos en disidencia en el dispositivo final; la resolución indica acuerdo de dos votantes.