PEREZ RAMIREZ ANGEL EDUARDO c/ TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A. MOVISTAR s/ DAÑOS Y PERJUICIOS

¿Quién es el actor?

PEREZ RAMIREZ ANGEL EDUARDO (parte actora).

¿A quién se demanda?

TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A. (MOVISTAR).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Indemnización por daños y perjuicios derivados de la ejecución de un contrato de prestación de servicios (reclamo en el fuero civil y comercial común).

¿Qué se resolvió?

No hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora en subsidio del recurso de revocatoria contra la resolución de fecha 15/03/2013; se remite la causa al Juzgado Civil en Documento y Locaciones que por turno corresponda. Resolución adoptada por mayoría (coincidencia de los dos primeros votantes).

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Por ello y conforme a los términos de la ley Nacional de Telecomunicaciones n° 19798, y al no estar en juego el alcance y sentido de la misma, no resulta competente la justicia Federal. Tal como lo señala la Señora Fiscal: 'La justicia federal tiene su razón de ser en aquellas contiendas en que se encuentren en juego de modo directo un interés o propósito federal, que deberá ser objetivo, legítimo, real, concreto y de suficiente entidad'."

"Por otra parte se ha sostenido en forma pacífica que cuando se trate de juicio entre particulares, y cuando las cuestiones a decidir dependan del derecho común, aún de tratados, la competencia corresponde a los tribunales locales. Por lo que no estando en juego en la presente el alcance y sentido de la ley de comunicaciones sino que la pretensión consiste en resarcimiento de daños derivados de un incumplimiento contractual, es competente la justicia ordinaria. Máxime cuando la justicia federal es de excepción, limitada a los casos previstos por la ley, los cuales son de interpretación restrictiva."

"'Es principio en la materia, que la competencia jurisdiccional de los órganos judiciales debe determinarse con arreglo a la naturaleza de la pretensión y sus elementos, conforme los mismos se reseñan en el escrito de demanda. En la especie, nos encontramos ante una acción por daños y perjuicios enmarcada en el incumplimiento de una relación locativa que liga a la actora con la accionada. Ello así, y sin que ello signifique tener por acreditado los hechos invocados en la demanda ni el derecho que dice asistirlo, el presente caso queda aprehendido en el art. 62 inc. a) LOPJ, por lo que corresponde siga interviniendo el Juzgado en Documentos y Locaciones de la III Nominación (cfr. CSJT, sent. n° 157 del 14/3/2005; n° 288 del 24/4/2001; n° 488 del 29/6/98).'"

Además, la sentencia señala que lo expuesto no se ve limitado por la invocación de la ley 24.240 y sus reformas; y consigna que la resolución es dictada por dos miembros del Tribunal por existir coincidencia de votos entre el primer y segundo votantes (art. 23 bis, LOPJ).