MEDINA LEGUIZAMON MERCEDES DE JESUS Y O c/ SUCESIONES DE SALOMON JALIL S.R.L. s/ DESPIDO

¿Quién es el actor?

Médina Leguizamon Mercedes de Jesús y otros (actores/coactores).

¿A quién se demanda?

Sucesiones de Salomon Jalil S.R.L. (parte demandada/empleadora).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Reclamo por despido e indemnizaciones laborales.

¿Qué se resolvió?

La Corte declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por la demandada por no haberse cumplido adecuadamente el afianzamiento exigido por el art. 133 del CPL (el embargo inmobiliario inscrito provisionalmente había perdido vigencia). Ordenó además al tribunal de origen que corrija los errores numéricos advertidos en la liquidación y fijó costas a cargo de la demandada. Reservó regulación de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"De acuerdo con estas disposiciones normativas, aplicables al caso, la toma de razón provisoria efectuada por el Registro Inmobiliario cesó por el transcurso de los ciento ochenta días mentados en la norma sin que conste que se haya inscripto en forma definitiva el embargo sobre el inmueble ofrecido para afianzar el cumplimiento de la condena, o que se haya dispuesto su prórroga por algún período determinado, o que se hayan superado las objeciones que planteó el Director de dicho Registro para justificar la toma de razón provisoria. En consecuencia, al día de la fecha el recurso de casación deducido por la demandada no se encuentra afianzado, pues la anotación del embargo ha perdido vigencia como consecuencia del transcurso del tiempo."

"De lo contrario, si se admitiera una casación garantizada con un embargo que se encuentra caduco, se estaría soslayando la finalidad tuitiva con que ha sido concebido el instituto del afianzamiento, toda vez que el actor se vería privado de la cautela de su crédito laboral que la ley procesal de la materia ha previsto para él en el art. 133 y ss. del CPL" (cfr. CSJT, sent. nº 853 del 28-8-2.009, “Amicone de Décima, Mirta vs. Obra Social de Conductores Camioneros de Tucumán s/despido”).

"El error numérico, así caracterizado, no puede constituirse como fuente de derecho o causa de lesión al mismo. Es principio jurisprudencial incontestado que no puede subsistir en la sentencia un error aritmético o de cálculo, por el cual se genera o lesiona un derecho; que los errores materiales o cualquier otro que los magistrados advirtiesen al revisar las operaciones aritméticas utilizadas para determinar montos (capital, honorarios, etc.) deben ser corregidos aún de oficio; caso contrario incurrirían en la omisión en grave falta, pues estarían tolerando que se generara o lesionara un derecho que sólo reconocería como causa el error; ... que los errores puramente numéricos en que incurra una sentencia definitiva son subsanables en cualquier momento del proceso, sea a pedido de parte o ex-officio ..."

¿Cómo votaron los jueces?

La mayoría (votos del Dr. Daniel O. Posse y adhesiones) declaró inadmisible la casación por falta de afianzamiento y, pese a la inadmisibilidad, encomienda la corrección de errores numéricos en la liquidación. La Dra. Claudia B. Sbdar (y otros que adhieren en igual sentido) disiente parcialmente: comparten la inadmisibilidad y costas, pero consideran que, por no superar la admisibilidad, la Corte no debe ingresar al examen de procedencia de agravios ni ordenar correcciones sustantivas, limitándose a declarar la inadmisibilidad y reservar regulación de honorarios.