SALAS ALVARO MIGUEL c/ QUISPE NORMA LILIA s/ COBRO EJECUTIVO

¿Quién es el actor?

SALAS ÁLVARO MIGUEL (exequente)

¿A quién se demanda?

QUISPE NORMA LILIA (demandada/recurrente)

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Cobro ejecutivo (ejecución de un pagaré)

¿Qué se resolvió?

Se declaró inadmisible y mal concedido el recurso de casación interpuesto por la demandada contra la resolución de la Cámara que confirmó la sentencia de primera instancia que rechazó la excepción de inhabilidad de título y ordenó continuar la ejecución. Las costas del recurso quedan a cargo de la recurrente.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Transcripción de los párrafos más relevantes del fallo (texto original preservado):

"La regla general que opera en materia de admisibilidad del recurso de casación en los juicios ejecutivos, consiste en que la sentencia dictada en un juicio ejecutivo no reviste, en principio, la calidad de definitiva a los fines del recurso de casación. Este principio es la consecuencia del juego armónico de las normas pertinentes del Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán, en cuanto dispone, por un lado, que en ningún caso son pasibles del recurso de casación “Las sentencias definitivas que dejen abierta una vía de reparación, sea por conocimiento ordinario o sumario” (conf. art. 749 del CPCCT) y, simultáneamente, dispone que “Cualquiera fuera la sentencia que recaiga en el juicio ejecutivo, el ejecutante o el ejecutado podrán promover el juicio de conocimiento posterior, una vez cumplidas las condenas impuestas…” (art. 527 del CPCCT)."

"Efectivamente, el cuestionamiento esgrimido en casación se circunscribe a sostener que la vía ejecutiva seguida en la presente litis no resulta de aplicación al caso, y que por el contrario se debió aplicar de oficio el art. 1834 inc. b) del CCyCN, el cual determina la aplicación de la ley especial 24.240 y modif., por lo que en virtud de esta ley sustancial la cuestión suscitada entre las partes debió ser dilucidada bajo la forma procesal del juicio sumarísimo, por ser la vía más breve fijada por los procesos rituales locales, y permitirle una amplitud probatoria que se encuentra muy limitada en los procesos ejecutivos. Ello así, resulta evidente la falta de definitividad que reviste el pronunciamiento impugnado respecto de las cuestiones planteadas en casación, puesto que la amplitud probatoria de la que manifiesta haberse visto privado el recurrente por la aplicación de la vía ejecutiva seguida y como consecuencia de haberse visto privado de la vía sumarísima, podría ser subsanada mediante el juicio de conocimiento posterior que podría promoverse en el marco del art. 527 del CPCC."

"En tal orden, el agravio que le provoca al recurrente la tramitación del presente juicio por la vía ejecutiva y la circunstancia de haberse visto privado de la amplitud probatoria que revisten los juicios de conocimiento, encuentran una vía de reparación en la posibilidad de promover un juicio de conocimiento posterior conforme lo admite el art. 527 del CPCC, el cual ha sido establecido justamente para garantizar los derechos de las partes que se han visto restringidos por las limitaciones propias de la vía ejecutiva utilizada, por lo que la cuestión traída en casación no cumple con el requisito de definitividad en los términos impuestos por los arts. 748 inc. a) y 749 del CPCC."

Respecto de la excepción de inhabilidad de título: el tribunal señala que la excepción que invocó la demandada no fue objeto de impugnación puntual sobre sus fundamentos materiales sino una discusión sobre la vía procedimental, por lo que no cabe considerar que se haya configurado la excepción a la regla de no definitividad aplicable a sentencias ejecutivas.

Sobre gravedad institucional y derechos constitucionales: se concluye que no existe gravedad institucional ni vulneración definitiva del debido proceso, toda vez que la posibilidad de promover el juicio de conocimiento posterior resguarda la ampliación probatoria y defensiva que reclama la recurrente.

Resultado del acuerdo y votos: Voto en mayoría unánime de los Dres. Estofán (preopinante), Leiva y Posse; se declaró la inadmisibilidad y se impusieron las costas a la recurrente.