PROVINCIA DE TUCUMAN -D.G.R.- c/ SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION ARGENTINA S.A. s/ EJECUCION FISCAL

¿Quién es el actor?

Provincia de Tucumán - Dirección General de Rentas (D.G.R.).

¿A quién se demanda?

Sodexo Soluciones de Motivación Argentina S.A.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Ejecución fiscal originada en Acta de Deuda N° A2111-2012 y Boleta N° BTE/2523-2013 por posiciones fiscales (retenciones omitidas), y la exigencia del pago de la deuda fiscal correspondiente.

¿Qué se resolvió?

La Corte Suprema de la Provincia de Tucumán rechazó el recurso de casación interpuesto por la Provincia y confirmó la sentencia de la Cámara en Documentos y Locaciones (Sala III) N° 343/2018 que confirmó la sentencia de primera instancia que declaró la inhabilidad del título y no hizo lugar al recurso de apelación de la actora. Se impusieron costas a la vencida y se reservó pronunciamiento sobre honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Transcripción de los párrafos más relevantes de la sentencia (texto original):

“III La sentencia en crisis, para confirmar la sentencia de primera instancia sostuvo que

‘… no es dable soslayar que la exigibilidad del título fue cuestionada por la apelada, invocando la pendencia de actuaciones administrativas. La sentencia en recurso, con aval de doctrina del Cimero Tribunal Provincial quien tiene dicho que, 'para iniciar la ejecución fiscal es necesario que se constituyan los presupuestos sustanciales -los requisitos- que le den la calidad de título ejecutivo, como ser: a) Legitimación sustancial, b) Obligación dineraria; c) Obligación exigible, d) Cantidad líquida o fácilmente liquidable' (…), compartió aquella tesitura declarando inhábil el título, afirmando que la deuda que se ejecuta no es exigible, porque el trámite administrativo que precedió a la emisión de la boleta, no se encuentra firme por la pendencia de un recurso contra la Resolución N°208/13.’”

“VII En cuanto al fondo de la cuestión debatida, la misma gira en torno a la declaración de inhabilidad del título que sirvió de base a la presente ejecución (Boleta identificada con el N° BTE/2523-2013), cuyo importe surgió de un procedimiento que concluyó con el Acta de Deuda N° A2111-2012, la que fue oportunamente notificada sin que el contribuyente interpusiera recurso alguno en los plazos establecidos por el artículo 98 CTP. Actuaciones ulteriores motivadas por presentaciones del demandado, a las cuales la Autoridad de Aplicación dio trámite, concluyeron con el dictado de un nuevo acto administrativo (N° 208/13) que modificó el monto de la deuda establecido mediante el antes citado procedimiento que había derivado en el Acta de Deuda N° A2111-2012 y su consecuente Boleta N° BTE/2523-2013. Frente a este nuevo acto (N° 208/13), la demandada dedujo recurso, cuya pendencia motiva la decisión de la Excma. Cámara que se cuestiona mediante la presente casación.

En primer lugar, corresponde aclarar que la modificación de los montos que se pretenden ejecutar, operada la misma mediante el dictado de un acto administrativo posterior; inhibe el argumento de la recurrente que sostiene la firmeza del acto administrativo anterior, presupuesto necesario para que proceda la vía ejecutiva por enervar el requisito de la existencia de una obligación dineraria determinada y líquida o fácilmente liquidable.

Sentado el criterio precedente, no pueden ser admitidos los argumentos referidos a los plazos relativos a la impugnación del primer acto determinativo A2111-2012; pues, es la propia Autoridad de Aplicación, la que modifica el mismo sustantivamente con el dictado de un nuevo acto administrativo (N° 208/13) reabriendo la posibilidad impugnativa al contribuyente, que por otro lado la ejerció en esta oportunidad. Cabe destacar que esta circunstancia no constituye una concesión graciable de la Administración, sino que se enmarca en la obligación que tiene -en el marco del Estado de Derecho- de procurar la búsqueda de la verdad material como base necesaria e ineludible de toda ejecución fiscal; como lo reconoce la propia recurrente en su presentación. Por lo tanto, habiendo actuado inicialmente conforme a derecho al aplicar el principio referido y modificar el monto que pretendía ejecutar; no puede la Administración procurar retrotraer las consecuencias de sus propios actos vulnerando el derecho de defensa del contribuyente; que en el presente caso implica la determinación precisa y justa de la deuda que intenta ejecutar y que hace a la exigibilidad de la misma, constituyendo ello la esencia y punto de partida de todo proceso de ejecución.

Por último, alegado en casación el rechazo del recurso cuya pendencia sirvió de motivación a la sentencia en crisis; no se advierte, del examen de los antecedentes de la causa, que la decisión de la Excma. Cámara sea incongruente con los antecedentes de autos, ni que la recurrente haya efectivamente acreditado la mentada resolución N° 408/13 del 2/12/2013 que cita en su favor; razón por la cual, no pudo el Tribunal de Mérito ponderarla. Todo ello sin perjuicio de que, lo expuesto constituye una cuestión de hecho ajena al análisis casatorio y que, en este caso concreto, el razonamiento sentencial referido a este tema no luce arbitrario.’”

“VIII Del análisis precedente surge que el recurrente no ha podido acreditar que la sentencia en crisis haya incurrido en una errónea aplicación de norma alguna, ni en arbitrariedad o gravedad institucional, por lo que deviene ajustada a derecho por haber realizado una adecuada ponderación de los antecedentes que la motivan y del derecho en el que se funda; lo que constituye razón suficiente para que no prospere la casación intentada. En virtud de ello, corresponde que esta Corte Suprema de Justicia rechace el recurso de casación deducido por la representación letrada de la parte actora (fojas 961/972) en contra de la sentencia N° 343, emitida el 07 de noviembre de 2018 (fojas 955/957) por la Excma. Cámara en Documentos y Locaciones (Sala III), la que debe confirmarse imponiendo las costas a la vencida en virtud de los principios generales vigentes en la materia y reservándose el pronunciamiento sobre honorarios para su oportunidad.”

¿Cómo votaron los jueces?

Los Vocales Posse, Estofán y Leiva votaron en idéntico sentido; no hay disidencias.