ZAMORA DE VERA ELSA DEL VALLE c/ INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA PROVINCIA Y OTROS s/ COBROS (ORDINARIOS)

¿Quién es el actor?

Zamora de Vera Elsa del Valle.

¿A quién se demanda?

Instituto de Previsión y Seguridad Social de la Provincia de Tucumán (IPSST) y otro.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Cobro ordinario de pesos por sumas líquidas adeudadas (diferencias previsionales) y, en esencia, resarcimiento por pago irregular percibido por tercera persona.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de casación interpuesto por el IPSST contra la sentencia de la Cámara que hizo lugar a la demanda y condenó al IPSST a pagar $40.711,90 más intereses desde el 13/01/2003; se impusieron costas al recurrente y se reservó regulación de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Transcripción de los párrafos más relevantes de la sentencia (texto original):

"III.- En lo que es materia de recurso, la sentencia en crisis, luego de rechazar la excepción de falta de legitimación pasiva deducida por el IPSST, hace lugar a la demanda que Elsa del Valle Zamora de Vera promoviera en contra del mentado ente autárquico, condenándolo a abonarle a la actora la suma de $40.711,90, más los intereses respectivos calculados desde el 13 de enero de 2003.

El A quo entendió que el IPSST resulta responsable por la conducta ilegítima desplegada por agentes de su dependencia, a tenor de la doctrina de la falta de servicio que deriva del artículo 1.112 del Código Civil, por no cumplir los funcionarios estatales sino de una manera irregular las obligaciones legales que les están impuestas, en la medida en que no se acreditó en autos que haya sido auténtica la firma supuestamente insertada por la señora Zamora de Vera en la carta-poder, autorizando al codemandado Zapata a percibir el pago del crédito que se había liquidado a favor de la actora en concepto de diferencias previsionales por el monto indicado ut supra.

En ese sentido, el Tribunal de Grado hace hincapié en que se constataron numerosas irregularidades en los trámites, y en la conservación y cuidado de la documentación atinente a las gestiones de los beneficiarios previsionales, muchas de las cuales fueron reconocidas por el propio IPSST, en la Resolución N° 374 del 26/2/2004 a través de la cual se diera por concluido el sumario administrativo sustanciado en el organismo, aplicándose una sanción a la empleada Ramona del Valle Orellana.

A lo anterior se agrega que 'el Banco del Tucumán informó que el 9/01/2003 y el 10/01/2003 recibió sendas notas suscriptas por el Tesorero Interino del IPSST autorizando al abogado Zapata a cobrar, notas en las que se solicitó el cambio de las ordenes de pago que allí se detallan, por cambio en nombre, modificando el beneficiario del listado N° 004, orden 027, que era el correspondiente a la actora Zamora de Vera'.

Por último, la Cámara consideró que, en consonancia con tal conclusión, correspondía declarar la nulidad de la Resolución Nº 2.276 del 13/10/2004, a través de la cual el IPSST no hizo lugar al reclamo de pago formulado por la demandante."

"V.- ¿Asiste razón a la recurrente?

La respuesta negativa a dicho interrogante se impone habida cuenta que la circunstancia de que el Tribunal haya basado su decisión en argumentos jurídicos que no han sido planteados por las partes no descalifica per se a la sentencia en cuestión. No puede hablarse de violación al principio de congruencia cuando se está ante una simple aplicación del iura novit curia; la ley procesal vigente es categórica en este sentido al establecer que los jueces deberán aplicar el derecho con prescindencia o -incluso- contra la opinión de las partes, dando a la relación substancial la calificación que le corresponda y fijando la norma legal que deba aplicarse al caso.

En lo pertinente, es trasladable al caso la interpretación expresada por esta Corte, con relación al mencionado principio, referida a que traduce la atribución del juez de aplicar el derecho que cree justo, sin sujeción a los errores de planteo o invocación de los litigantes; el órgano judicial no se encuentra constreñido a seguir a las partes en su argumentación relativa a la aplicación del derecho y puede, por el contrario, hacer mérito de hechos aportados por ellas al proceso, aunque no hayan sido expresamente invocados en los respectivos escritos constitutivos de la controversia, cuando guardan estrecha relación con las pretensiones deducidas en autos y se encuentran abarcados por la cuestión de derecho sometida a su decisión (cfr. CSJT: 18/12/2000, “Valdez Manuel Antonio vs. Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán s/ Indemnizaciones”, Sentencia Nº 1.085; ...).

Descartado, desde tal perspectiva, que el acto jurisdiccional en recurso haya incurrido en el vicio de arbitrariedad por incongruencia que le atribuye el quejoso, sólo resta señalar que ninguna incidencia tiene a los efectos de la validez que en esta oportunidad de casación corresponde analizar, la declaración de nulidad efectuada en el punto III del fallo dictado por la Cámara.

Es que independientemente de que fueran ciertas o no las objeciones que a ese respecto formula la recurrente, basándose en las supuestas firmeza de la Resolución Nº 2.276 del 13/10/2004 y ausencia de fundamentación por parte de la decisión anulatoria, lo real y concreto es que el tribunal no necesitaba de tal declaración para fallar como lo hizo, habida cuenta que el supuesto de autos encuadra en la disposición del artículo 13 inciso 2 del Código Procesal Administrativo, de modo que, al quedar exceptuado de los requisitos previos que establece el artículo 12 del mencionado digesto, la existencia del acto administrativo de marras no se oponía ni resultaba incompatible con el progreso de una pretensión como la aquí acogida, tendiente a hacer efectiva la responsabilidad por obrar ilegítimo de la Administración."

¿Cómo votaron los jueces?

No hubo votos en disidencia; los tres vocales votaron en igual sentido conforme al voto preopinante.