INCIDENTE DE EJECUCION DE HONORARIOS EN AUTOS: GEUNA ROBERTO ERALDO C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS - ENFERMEDAD DE TRABAJO - S/ RECURSO DE APELACION.-

¿Quién es el actor?

GEUNA, Roberto Eraldo (parte que promovió la ejecución de honorarios).

¿A quién se demanda?

Gobierno de la Provincia de San Luis / Fiscalía de Estado (demandada).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

ejecución de sentencia por honorarios y trabamiento de embargo ejecutivo sobre sumas dinerarias que posee el Gobierno provincial.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso directo de apelación interpuesto por la demandada, confirmando la interlocutoria apelada (es decir, se autorizó la ejecución/embargo conforme a la interlocutoria). Además, el Tribunal declaró la inconstitucionalidad de las Leyes Nacionales Nº 25.973 y de los arts. 19 y 20 de la Ley Nº 24.624; declaró la inconstitucionalidad de los arts. 2 y 4 de la Ley provincial VIII-0791-2011; declaró la inconstitucionalidad de los arts. 1, 2 y 4 de la Ley V-0149-2004; declaró la no vigencia de la Ley Provincial N° VIII-0674-2009; y ordenó las comunicaciones formales a los poderes correspondientes (art. 10 Const. Prov.).

Fundamentos principales de la decisión (textos transcritos literalmente; se consignan los párrafos más relevantes tal como figuran en la sentencia):

1) Del bloque dispositivo final (resolución principal):

"SE RESUELVE: I) Rechazar el recurso directo de apelación interpuesto por la demandada, confirmando la interlocutoria apelada, con costas (Arts. 68 y 69 del Cód. Procesal Civil y Comercial). II) Declarar la inconstitucionalidad de las Leyes Nacionales N° 25.973 y de los Arts. 19 y 20 de la N° 24.624. IV) Declarar la inconstitucionalidad de los Arts. 2 y 4 de la Ley VIII-0791-2011, cumplimentando la previsión del Art. 10 de la Constitución de la Provincia. V) Declarar la inconstitucionalidad de los Arts. 1, 2 y 4 de la Ley V-0149-2004. VI) Declarar la no vigencia de la Ley Provincial N° VIII-0674-2009. VII) Cumplimentar lo dispuesto por el art. 10 de la Constitución de la Provincia, comunicando las declaraciones de inconstitucionalidad realizadas al Sr. Gobernador de la Provincia y a los Sres. Presidentes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores locales, como asimismo a los poderes públicos nacionales correspondientes en su caso, oficiando en la forma de estilo y adjuntando fotocopia certificada de esta sentencia. REGISTRESE y NOTIFIQUESE."

2) Fundamento sobre la incompatibilidad y necesidad del control de constitucionalidad (parte de los fundamentos de mayoría que se reproducen en votos):

"Que en mérito a la brevedad, nos remitimos a la Sentencia que dictara la Cámara 4ª. de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba, el 9 de abril de 2007, en autos: “Ponce, Lucas Rafael c/ Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiro de Córdoba”, ante la similitud de situaciones y pese a que las normas constitucionales de dicha Provincia y la nuestra son diferentes, cuyos fundamentos transcribimos en los autos citados y de lo que se concluye: 'No existe tutela judicial efectiva si no puede exigirse coactivamente el cumplimiento de las sentencias dictadas contra el Estado'."

3) Expresión explícita sobre la inconstitucionalidad de normas nacionales y provinciales (fragmento reproducido por los votos mayoritarios):

"Haciendo nuestros los fundamentos transcriptos con respecto a la presente causa en estudio, y ejerciendo el deber que imponen los arts. 10 y 210 de la Carta Magna Provincial, propiciamos se declare la inconstitucionalidad de la ley 25.973 y de los arts. 19 y 20 de la ley 24.624. También corresponde declarar la inconstitucionalidad de los arts. 2 y 15 de la ley provincial N° VIII-0674-2009, en tanto se contraponen al art. 12 de la Constitución de la Provincia."

¿Cómo votaron los jueces?

El Dr. Oscar Eduardo Gatica votó en disidencia parcial proponiendo el rechazo del recurso de apelación interpuesto y fundamentando que la ley provincial vigente al momento (VIII-0791-2011) derogó disposiciones anteriores y que la adhesión a las leyes nacionales (25.973 y 24.624) no era inconstitucional en la medida en que debe interpretarse coordinadamente con el resto del ordenamiento, por lo que proponía desestimar el recurso. Texto representativo de su posición: "Que disiento con la solución que propicia la Sra. Ministro preopinante, debiendo rechazase el Recurso de Apelación Directo, todo por los siguientes fundamentos... Que por esto último, considero, en virtud del principio general que establece que la Ley posterior deroga la anterior ... que la Ley vigente en el momento en que se dictó la resolución bajo recurso -VIII-0791-2011-, ha derogado todas las disposiciones anteriores..."