ARMAYOR JUAN PABLO c/ BANCO MACRO S.A s/ SUMARISIMO (RESIDUAL)
El letrado Dr. Christian Aníbal Fernández solicitó el beneficio para litigar sin gastos para la tramitación de la ejecución de sus honorarios profesionales. La Cámara hizo lugar al recurso de apelación, revocó la sentencia de fecha 19/12/24 y concedió la franquicia al abogado por entender que en la ejecución de honorarios actúa como parte titular de un crédito propio y que el depósito recursivo no está alcanzado por la exención del art. 27 Ley N° 5.480.
¿Quién es el actor?
Dr. Christian Aníbal Fernández (por derecho propio), ejecutante de sus honorarios profesionales.
¿A quién se demanda?
la parte ejecutada en la regulación de honorarios (en el expediente principal: ARMAYOR JUAN PABLO / BANCO MACRO S.A. s/ sumarísimo residual —pero la ejecución de honorarios se dirige contra quien resulte condenado en costas).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Beneficio para litigar sin gastos para la tramitación de la ejecución de sus honorarios profesionales (exención de depósito recursivo u otros gastos procesales).
¿Qué se resolvió?
Se hizo lugar al recurso de apelación; se revocó íntegramente la sentencia de 19/12/24 que había rechazado la franquicia, y se concedió el Beneficio Para Litigar Sin Gastos al Dr. Fernández conforme arts. 83 y 85 del CPCCT.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
Transcripción de los párrafos más relevantes (texto original del fallo):
"Asiste razón al recurrente en cuanto a su primera queja. La decisión de grado parte de una concepción restringida del concepto de 'parte procesal'. Si bien es cierto que el Dr. Fernández actuó como apoderado de la parte actora en la litis principal, no lo es menos que, una vez regulados sus honorarios y ante la falta de pago, inició un procedimiento de ejecución en el que asume la calidad de parte invocando un interés y un derecho propio y exclusivo (la percepción de los honorarios por su actuación)..
De modo que, en la etapa de ejecución de honorarios, el letrado no actúa ya en nombre y representación de su cliente, sino en nombre propio. Se convierte en titular de una pretensión autónoma -el cobro de su crédito- dirigida contra quien resulta condenado en costas (en este caso, su ex cliente). En este específico trámite incidental, el letrado es el ejecutante y el obligado al pago es el ejecutado, conformándose así una nueva relación procesal en la que ambos revisten el carácter de 'partes'."
"Si bien es cierto que la ley arancelaria local N°5480, en su art. 27 exime al abogado que ejecuta sus honorarios profesionales y peticiona la regulación de honorarios por trabajo extrajudicial del pago de todo gravamen fiscal, el depósito en el recurso de casación no reviste dicho carácter. El mencionado depósito no tiene naturaleza fiscal ni tributaria, siendo sólo un requisito procesal tendiente a garantizar la seriedad del planteo recursivo (cfr. CCCC, Sala 1 Sent. n° 42 del 03/03/2016)."
"Por todo lo expuesto, habiéndose acreditado que el letrado ejecutante reviste la calidad de parte en el incidente de cobro de sus honorarios y que posee un interés legítimo y actual en la obtención del beneficio para litigar sin gastos -principalmente para eximirse de una eventual erogación (depósito recursivo) no alcanzada por la exención de la ley arancelaria-, y habiendo el peticionante acompañado elementos que prima facie acreditan su situación de vulnerabilidad económica - contando con dictamen favorable del Fiscal de la instancia de grado-, corresponde acoger el recurso de apelación."
¿Cómo votaron los jueces?
La sentencia fue dictada por coincidencia de votos entre el primer y segundo votante, conforme art. 23 bis LOT; no se registra disidencia en el bloque dispositivo final.
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