PIÑERO SILVANA ANDREA c/ GEMSA AUTOMOTORES S.A Y OTRA s/ SUMARIO (RESIDUAL)

¿Quién es el actor?

Silvana Andrea Piñero (DNI 30.983.741).

¿A quién se demanda?

Gemsa Automotores S.A. y Chevrolet S.A. de Ahorro Para Fines Determinados.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Resolución del contrato de plan de ahorro y costas; indemnización por daño material (reintegro de 12 cuotas), daño moral y daño punitivo; la actora pagó 12 de 84 cuotas y pidió $385.905,85 (daño material $135.905,85; daño moral $50.000; daño punitivo $200.000).

¿Qué se resolvió?

Se confirmó en lo esencial la condena por resolución del contrato y la restitución de las cuotas (daño material), se redujo el monto del daño moral a $200.000 (en lugar de $500.000) y se revocó la condena por daño punitivo. Se confirmó la solidaridad de las demandadas y se impusieron costas a las recurrentes.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Siendo que ninguna prueba logra explicar la divergencia (el formulario firmado por la actora y las condiciones del plan de ahorro), cabe coincidir con la pormenorizada valoración realizada por el Aquo sobre el particular, entendiendo infringido el deber de información y colaboración, por parte de las demandadas. Por lo que se confirma lo resuelto por el aquo sobre el incumplimiento de las recurrentes, desestimando los agravios sobre este punto."

"En tal sentido, Llambías precisa que la “deuda de valor” se refiere a un valor abstracto, constituido por bienes, que luego habrá que medir en dinero, constituyendo el arbitrio apropiado para mantener la paridad de las prestaciones recíprocas, salvando la justicia conmutativa en tiempos de intensa inflación monetaria (LLAMBÍAS, Jorge Joaquín, Tratado de derecho civil argentino. Obligaciones, t. II-A, p. 170 y ss., nº 886, Perrot, Buenos Aires, 1982) (Cfr. CCCC, Sala 2, sentencia nº 299 de fecha 23/12/2020). En mérito de las consideraciones expuestas, los agravios sobre el punto se rechazan."

"Si bien una lectura literal y aislada del artículo 52 bis LDC podría sugerir que el mero incumplimiento legal o contractual habilita la aplicación de la multa, existe consenso doctrinario y jurisprudencial en que su imposición requiere una valoración más profunda por parte del juzgador. No cualquier incumplimiento trivial o simple habilita la sanción, sino que es menester la concurrencia de elementos que evidencien una particular gravedad en la conducta del proveedor. ... En este contexto, no parece que la conducta de las demandadas, ni sus consecuencias, sean lo suficientemente graves como para justificar una condena a pagar daño punitivo. Así pues, a juicio de este Tribunal, las consecuencias dañosas del obrar de las demandadas encuentran adecuada reparación a través de la condena a abonar el capital adeudado con sus intereses y la indemnización por daño moral ya establecida."

¿Cómo votaron los jueces?

La sentencia fue acordada por coincidencia de votos del primer y segundo votante (Dra. María Dolores Leone Cervera y Dra. María del Pilar Amenábar), por lo que el acuerdo final, que modifica la cuantía del daño moral a $200.000 y rechaza el daño punitivo, es la decisión de la mayoría. El tercer vocal formuló el orden de votación pero no desató una mayoría distinta.