ROMANO MARIA JOSEFINA Y OTROS c/ PROVINCIA DE TUCUMAN Y OTRO s/ COBROS (ORDINARIO)

¿Quién es el actor?

María Josefina Romano (hoy sus herederos) y otros (Carlos Delfín Rosales, Juan Carlos Ruiz, Lucas Alberto Saavedra, Petrona Isabel Salgan, Pedro Nicolás Sánchez, Víctor Hugo Seco, Amado Antonio Sosa, Silveria del Valle Suárez y Claudia Mónica Vera).

¿A quién se demanda?

Provincia de Tucumán y Compañía Aguas del Aconquija S.A. (CAA S.A.).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Indemnización por la falta de inclusión en el Programa de Propiedad Participada (PPP), concretamente por no recibir acciones Clase B y bonos de participación en las utilidades derivados del proceso de privatización del servicio de aguas y cloacas.

¿Qué se resolvió?

El recurso de casación de los actores fue admitido y, en resultado, se hizo lugar parcialmente: se confirmó en lo que respecta a la prescripción del reclamo relativo a las acciones (no hacer lugar parcialmente a los agravios sobre ese punto), y se casó parcialmente la sentencia de la Cámara en cuanto rechazó la demanda por prescripción respecto de los bonos de participación en las utilidades; se remitió la causa para que la Sala de la Cámara que corresponda dicte nuevo pronunciamiento sobre ese aspecto. Se impusieron las costas por el orden causado y se reservó regulación de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En consecuencia, CASAR PARCIALMENTE dicho acto jurisdiccional en cuanto hace lugar a las defensas de prescripción opuestas por la Provincia de Tucumán y CAA S.A. y rechaza la demanda que en contra de éstas promovieran los actores, únicamente en lo referente al reclamo de indemnización de los daños derivados de la falta de entrega de los bonos de participación en las utilidades (punto I), como así también la consecuente imposición de costas (punto II), conforme a la doctrina legal enunciada en el acápite V.2 del considerando precedente; y REMITIR la causa a dicho tribunal a fin de que, por la Sala que por turno corresponda, dicte un nuevo pronunciamiento al respecto, de acuerdo a lo aquí considerado."

"Incurre en arbitrariedad y, por ende, resulta descalificable como acto jurisdiccional válido la sentencia que no cuenta con fundamentos suficientes".

Sobre el cómputo de la prescripción respecto de las acciones: "el dies a quo del plazo de prescripción respectivo debe fijarse a partir del 22 de julio de 1995, por ser ésta la fecha en que nació el derecho individual de cada uno de los actores a reclamar su inclusión en el mentado programa."

Sobre la distinción entre acciones y bonos periódicos: "el reclamo por la falta de entrega a los trabajadores de las acciones que en concepto de PPP no le fuera abonado... envuelve una prestación única... En cambio, el reclamo derivado de la ausencia de pago de los bonos de participación en las utilidades... suponen un daño que se produce de forma periódica, por lo que el examen del dies a quo del plazo de prescripción... demanda de un análisis diferenciado."

Citas jurisprudenciales y doctrinales utilizadas: Fallos de la Corte Suprema de la Nación (p. ej. Fallos: 193:359; 308:1101; 312:2152; 318:879) y precedentes locales (sentencias Nros. 1874/08/10/2019; 1244/21/12/2007; 912/02/10/2009; 995/17/12/2010; 607/23/06/2014) que sostienen que la prescripción comienza cuando la obligación es exigible y que la motivación insuficiente torna arbitraria la sentencia.

¿Cómo votaron los jueces?

Unanimidad de la Sala (votos de las doctoras Eleonora Rodríguez Campos y Claudia Beatriz Sbdar y del doctor Antonio D. Estofán), adoptándose el acuerdo final consignado en la parte resolutiva.