FERREYRA ROBERTO CARLOS Y OTRA c/ ASOCIACION MUTUAL DE TRABAJADORES Y ADHERENTES A PLANAUTO (APLA) Y OTRO s/ SUMARISIMO (RESIDUAL)

¿Quién es el actor?

Carmen Ponce y Roberto Carlos Ferreyra.

¿A quién se demanda?

Firmat Planauto para Fines Determinados S.A. de Capitalización y Ahorro y la Asociación Mutual entre Trabajadores y Adherentes a Planauto (APLA).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Restitución de las cuotas pagadas y nulidad de las suscripciones/contrataciones de planes de capitalización y de la asociación por publicidad engañosa, falta de información, prácticas abusivas y contratos atados; además se reclamó daño punitivo.

¿Qué se resolvió?

Se confirma la sentencia de fecha 30/07/2019 que declaró la nulidad de las suscripciones/contrataciones (fechas de suscripción: 07/02/2007 y 23/04/2012), condenó solidariamente a las demandadas a restituir las sumas pagadas con intereses (cálculo diferido a ejecución) y aplicó daño punitivo por $100.000; costas de la alzada a las recurrentes. Sentencia de Cámara de fecha 20/02/2020.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Más allá que el sistema de capitalización y ahorro es un sistema lícito, que responde a la necesidad de la mayoría de la población, en función del nivel de sus ingresos, de recurrir al crédito o al ahorro para tener al acceso de bienes y servicios que se ofrecen en el mercado, en la especie corresponde confirmar la sentencia en cuanto declara la nulidad de los contratos, dado que el consumidor cuenta con remedios o correctivos propios adecuados a la impronta del sistema consumeril (art. 37 LDC)."

"En este sentido, se advierte que las empresas demandadas han incurrido en violación al deber de información, efectuado publicidad engañosa, incurrido en prácticas abusivas para la captación de adherentes y en la celebración de contratos atados o encaballados, que vician de nulidad los contratos celebrados."

"La responsabilidad es solidaria para ambas empresas demandadas, sin perjuicio del derecho de repetición que entre ellas pudiera corresponder. El incumplimiento del deber de información se proyecta hacia todos los integrantes de la cadena de producción y comercialización... El daño punitivo también se confirma por el obrar abusivo referido, que ha sido causado o tolerado por las empresas demandadas... El monto fijado es el de $100.000..."

¿Cómo votaron los jueces?

Unanimidad (Dres. Carlos M. Ibáñez y Raúl H. Bejas adhirieron; no disidencias).