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Cámara de Apelaciones

DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN c/ EMPRESA DE MEDICINA PREPAGA COLMED S.R.L. s/ SUMARISIMO (RESIDUAL)

El Defensor del Pueblo promovió medida cautelar contra COLMED S.R.L. para retrotraer aumentos de cuotas de medicina prepaga y evitar la suspensión de prestaciones. La Cámara rechazó el recurso de apelación y confirmó la cautelar, ordenando que la accionada se ajuste a los aumentos que convalide el órgano de contralor mientras dure el proceso.

Fecha de la sentencia
Tribunal
CAMARA CIVIL Y COMERCIAL COMUN - Sala 2 (TUCUMAN)
Fuero
CAMARA CIVIL Y COMERCIAL COMUN - Sala 2
Jurisdicción
Local · Tucuman
Expediente
4068/19
Defensor del pueblo Medicina prepaga Medida cautelar Aumento de cuotas Res. 872/2019 Res. 1701/2019 Verosimilitud del derecho Peligro en la demora Deber de informacion Relacion de consumo.

¿Quién es el actor?

Defensor del Pueblo de la Provincia de Tucumán.

¿A quién se demanda?

Empresa de medicina prepaga COLMED S.R.L.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Medida cautelar para retrotraer los aumentos de las cuotas de todos los afiliados al 31/08/19 más 6% a partir del 1/9/2019 (autorizados por Res. Nº 872/2019 y 1701/2019 del Ministerio de Salud), y abstención de suspender prestaciones médico-asistenciales a afiliados por no pago de esos incrementos; se pide impedir aumentos superiores a los autorizados y garantizar información fehaciente a los usuarios.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de apelación de COLMED S.R.L. y se confirmó la sentencia de fecha 07/11/19 y su aclaratoria en cuanto fue materia de agravios; con la aclaración de que, durante el trámite del proceso y hasta decisión definitiva, la demandada deberá atenerse a los aumentos generales que convalide el órgano de contralor. Se impusieron las costas de la Alzada por su orden.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Dicho esto, en la especie estamos en presencia de la prestación del servicio de salud, la cual debe meritarse comprendida en el concepto de relación de consumo protegida por el art. 1 y 2 de la ley 24.240 y el art. 42 de nuestra Constitución Nacional, otorgándole así la máxima jerarquía de rango normativo. Sin perder de vista, que la cuestión a decidir se centra en el aspecto económico y la incidencia dentro de la prestación del servicio médico.

Así pues el Ministerio de Salud autorizó a las empresas de medicina prepaga a incrementar las cuotas mensuales a partir del 6% a partir del 1º de agosto de 2019 y el 6% a partir del 1º de septiembre de 2019. (Res. Nº872/2019) Posteriormente, autorizó un 4% a partir del 1º de octubre de 2019 y hasta 4% adicional y acumulativo a partir de noviembre de 2019 (Res. 1701/2019), debiendo extremar los recaudos para notificar de manera fehaciente a los usuarios, a fin de que aquellos tengan cabal información de dichos aumentos. Ciertamente, de la documentación glosada en el expediente (ver fs.24/28,29, 48/49,59, 84) surge prima facie que la empresa de medicina prepaga habría incrementado las cuotas de los afiliados excediendo el porcentaje establecido por las resoluciones mencionadas e incumpliendo el deber de información que las mismas exigen. Esta situación otorga verosimilitud al derecho, máxime cuando se pone en riesgo la prestación del servicio de Salud. Porque si bien la accionada en reiteradas oportunidades manifiestó que no tiene por objetivo dejar sin cobertura a sus afiliados, sin embargo ante el incremento de las cuotas invitó a los afiliados a 'cambiar de plan de acuerdo a sus posibilidades …' (ver fs.30/31, 71) lo que importa una significativa modificación en la cobertura y la prestación del servicio de salud que venían recibiendo. Tampoco arrimo documentación alguna, en sede administrativa, ni en sede judicial que permita justificar los aumentos o que los mismos se ajustan a las reglamentaciones legales, como tampoco que los afiliados fueron debidamente informados al respecto."

"La argumentación del recurrente para desvirtuar la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora del peticionante de la cautelar, referida a que su parte en ningún lugar reconoció que el importe que se pretende cobrar es indebido y que en ningún momento su representada ha extorsionado o intimado a sus afiliados a que abonen el importe bajo apercibimiento de ser dados de baja o suspendidos o negarse la prestación del servicio, no consigue desvirtuar la apariencia de buen derecho que el a quo juzgó acreditada respecto de la actora.

A ello se agrega que el recaudo de peligro en la demora el Tribunal lo considera reunido, por encontrarse directamente relacionado con la incertidumbre y preocupación que naturalmente en las condiciones invocadas produce al usuario la posibilidad inminente de perder su cobertura médica o bien la consecuencia que resulta como lógica derivación de la excesiva onerosidad de las cuotas."

¿Cómo votaron los jueces?

la sentencia fue dictada por coincidencia de votos entre primer y segundo votante (dos miembros).

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