JurisprudenciaARG
Cámara de Apelaciones

BELLOMO JENNY CAROLINA c/ PIAZZA S.A s/ SUMARISIMO (RESIDUAL) C/ INCIDENTE PARA ACREDITAR SOLVENCIA s/ SUMARISIMO (RESIDUAL)

La actora promovió incidente para acreditar solvencia en un proceso por derecho del consumidor; la demandada apeló la denegatoria del cese del beneficio de justicia gratuita. La Cámara confirmó la sentencia de grado que mantuvo el beneficio de justicia gratuita y la imposición de costas a la demandada, por entender que no quedó acreditada la solvencia suficiente para retirarlo y aplicando la interpretación pro consumidor.

Fecha de la sentencia
Tribunal
CAMARA CIVIL Y COMERCIAL COMUN - Sala 3 (TUCUMAN)
Fuero
CAMARA CIVIL Y COMERCIAL COMUN - Sala 3
Jurisdicción
Local · Tucuman
Expediente
628/18-J1
Beneficio de justicia gratuita Derecho del consumidor Incidente para acreditar solvencia Costas In dubio pro consumidor Ldc 24.240 Art. 53 Imposicion de costas Automotor Recurso de apelacion

¿Quién es el actor?

BELLOMO Jenny Carolina (actora/acreedor).

¿A quién se demanda?

PIAZZA S.A. (demandada).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Juicio sumarísimo (residual) por reclamo de consumo; incidente interpuesto por la demandada para acreditar solvencia y hacer cesar el beneficio de justicia gratuita otorgado a la actora.

¿Qué se resolvió?

No hacer lugar al recurso de apelación de la demandada; se confirma la sentencia de fecha 30/08/2019 que no hizo lugar al incidente y mantuvo la concesión del beneficio de justicia gratuita en favor de la actora. Se imponen costas a la apelante y se difiere regulación de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En efecto, el beneficio de la llamada “justicia gratuita” que dispone la legislación consumeril, se trata de una presunción iuris tantum que beneficia al consumidor. Puede ser dejada sin efecto, en consecuencia, mediante la debida acreditación, por la contraparte, de que no se reúnen, en el caso concreto, las condiciones para su concesión. Siendo ello así, se trata de una cuestión de hecho que no causa estado, y puede ser revocada, si así lo ameritara la valoración del magistrado, en el caso.

En atención al estado del proceso principal -que en esta oportunidad se tiene a la vista- no resulta oportuno entrar a analizar si incluye las costas, lo que podría explicar el interés del acreedor de las mismas, el cual no se advierte en el caso, como se señalara.

Con respecto a la posesión de un automotor en el dominio de la actora, debe coincidirse con el Aquo. Ello en tanto dicho bien importa -asimismo- gastos consecuentes de mantenimiento, seguro, patente, etc. Dada las características del automóvil - no se trata de uno de alta gama, en el caso-, lógico es concluir que no altera el beneficio otorgado por la ley de fondo, para el supuesto.

A lo dicho se añade que, lejos de mostrarse arbitrario el criterio judicial impugnado, el haber mensual de la actora no resulta evidente para presumir su solvencia. Es escaso, y habla a las claras, de un consumidor que no posee un nivel de ingresos que permita tener por acreditados los extremos para retirarle el beneficio de justicia gratuita, pese al esfuerzo argumentativo vertido por el recurrente.

Y conforme principio de la materia, la duda favorece al consumidor (art. 3, LDC)."

"De allí que, si bien puede hablarse de una cierta analogía con el instituto procesal del beneficio de litigar sin gastos, a poco que se adentra el intérprete en la cuestión bajo análisis, avizora profundas diferencias, pues la justicia gratuita forma parte del microsistema -de base constitucional (art. 42, CN)- que fundamenta toda la legislación de consumo.

En tal sentido, se ha dicho que “Este sistema se configura a partir del núcleo constitucional, integrado por los arts. 42 y 43 -este último en su parte pertinente-, su reglamentación mediante la LDC 24.240 y complementado y ampliado por otras disposiciones… y, ahora, cobra nuevo impulso a través de las disposiciones contenidas en el Código Civil y Comercial. De tal emerge un verdadero y amplio sistema de protección para las relaciones de consumo, relaciones que no son paritarias, estructuradas sobre principios propios y con instituciones procesales también diferentes, tendientes a consagrar también en ese terreno -más aún, especialmente en él- una protección adicional a quien se encuentra en una situación de debilidad estructural. Por ello, las reglas interpretativas de sus institutos deben buscarse dentro del propio sistema y no afuera del mismo, por lo que la comparación con otros institutos jurídicos ajenos, máxime cuando el propio art. 3º de la LDC, determina los principios interpretativos pro consumidor, estableciendo cuales son las normas que se consideraran de aplicación supletoria." (citas doctrinales y normativa aportadas en el fallo)."

¿Cómo votaron los jueces?

No consta voto en disidencia; el acuerdo confirma la sentencia de grado.

Leyes que cita

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