CANELADA JOSE MARIA c/ PROVINCIA DE TUCUMAN s/ AMPARO
El legislador José María Canelada promovió acción de amparo contra la Provincia de Tucumán y la Honorable Legislatura para obtener las cuentas de inversión 2014-2016, la constitución de la Comisión Especial prevista por el artículo 109 de la Ley 6.970 y la declaración de inconstitucionalidad de diversas normas reglamentarias. La Cámara en lo Contencioso Administrativo declaró inadmisibles las pretensiones por falta de legitimación activa del actor, consideró que las cuentas reclamadas habían perdido actualidad y rechazó la pretensión de compeler a la Legislatura a integrar la comisión por invadir la esfera reservada al Poder Legislativo.
¿Quién es el actor?
José María Canelada, en su carácter de legislador provincial.
¿A quién se demanda?
Provincia de Tucumán y la Honorable Legislatura de la Provincia de Tucumán (presidencia de la Legislatura).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
1) Declaración de inconstitucionalidad de la parte final del artículo 109 de la Ley N° 6.970 (aprobación ficta de las Cuentas de Inversión por inacción legislativa) y de los artículos 20 inc. 2° y 8°, 59, 61 y 62 del Reglamento Interno de la Legislatura; 2) que se ordene poner a disposición del actor las Cuentas de Inversión correspondientes a los ejercicios 2014, 2015 y 2016; 3) que se ordene la constitución de la Comisión Especial prevista en el artículo 109 de la Ley N° 6.970.
¿Qué se resolvió?
La Sala Iª de la Cámara en lo Contencioso Administrativo rechazó la acción de amparo. Fundó la decisión en la falta de legitimación activa del actor (ausencia de interés personal, directo y diferenciado), en la pérdida de actualidad de la petición de exhibición de las cuentas por haberse convalidado conforme al artículo 109, y en la improcedencia de compeler al Poder Legislativo a formar la comisión por invadir la reserva institucional propia del Parlamento. Impuso costas por el orden causado y reservó honorarios.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Para que exista un caso es imprescindible que quien reclama tenga un interés suficientemente directo, concreto y personal -diferenciado del que tienen el resto de los ciudadanos- en el resultado del pleito que propone, de manera que los agravios que se invocan lo afecten de forma suficientemente directa o substancial" (cita jurisprudencial incorporada por el Tribunal).
"Estimamos que el señor José María Canelada, en su carácter de legislador de la Provincia, carece de legitimación procesal activa, pues no se encuentra afectado un derecho subjetivo propio y concreto ni un interés diferenciado -en cabeza de él- con aptitud para demandar tutela judicial-, ya que en la condición que invoca sólo está facultado para ejercer las atribuciones que le ha conferido el pueblo tucumano dentro de los límites que específicamente establece la Constitución."
"Si el actor (u otro parlamentario) no ha instado en el marco de las facultades inherentes a su cargo, la discusión parlamentaria en torno a la aprobación o no de las cuentas de inversión aludidas en su demanda, echando mano a alguno de los mecanismos con los que cuenta en el ejercicio de su función pública, lejos está de poder considerarse que la concreción en la especie de la solución adoptada por la parte final del artículo 109 de la Ley N° 6.970 le hubiese producido un perjuicio o daño directo y especial, que torne admisible el examen constitucional que propone."
"Por imperio de la parte final del artículo 109 de la Ley N° 6.970 ... tales rendiciones de cuentas han quedado inexorablemente convalidadas. Luego, la petición acerca de su exhibición por parte del demandante aparece inoficiosa."
"Una solicitud ... por la cual se busca compeler a otro de los poderes del Estado a ejercitar una acción propia de sus potestades ... excedería los márgenes de actuación del Poder Judicial, ingresando de tal forma en la zona de reserva que la Constitución Provincial acuerda a la Legislatura."
¿Cómo votaron los jueces?
resolución firmada por las/los Vocales María Florencia Casas y Juan Ricardo Acosta; el dispositivo final confirma el rechazo y manda imposición de costas por el orden causado.
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