CISTERNA JUAN PEDRO c/ BANCO RIO DE LA PLATA S.A Y OTRO s/ ESPECIALES (RESIDUAL)

¿Quién es el actor?

Juan Pedro Cisterna.

¿A quién se demanda?

Banco Río de la Plata S.A. e Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVDU).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Nulidad o modificación de los actos jurídicos por lesion (art. 954 Cód. Civil) y amparo de derechos del consumidor (art. 42 CN y ley 24.240), tendiente a obtener un reajuste equitativo del precio y condiciones de financiación de la vivienda adquirida en Barrio Barrancas del Salí (Casa 2, Manzana C), por supuesta desproporción entre prestaciones y trato desfavorable respecto de adjudicatarios posteriores.

¿Qué se resolvió?

No hacer lugar al recurso de apelación; costas al apelante; reserva sobre honorarios. Se confirma la sentencia del 26/7/2013 que desestimó la demanda.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Conviene recordar que en los términos del citado art. 954 de la ley sustantiva, podrá demandarse la nulidad o modificación de los actos jurídicos cuando una de las partes, explotando la necesidad, ligereza o inexperiencia de la otra, obtuviera una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación (arg. art. 954, segundo párrafo, Cód. Civil). La norma regula el instituto de la lesión, que excepciona el principio de autonomía de la voluntad que rige en materia contractual, fundante de la fuerza obligatoria del contrato. La configuración del instituto exige dos elementos: uno objetivo, que remite a la comprobación de una ventaja patrimonial desproporcionada a favor de una de las partes, y otro subjetivo, consistente en una situación de inferioridad del perjudicado, explotada por la otra parte. La desproporción, no justificada, habrá de verificarse entre las prestaciones que se deben las partes según valores al tiempo del acto, y deberá subsistir al tiempo de interposición de la demanda. En su tercer párrafo la norma establece una presunción juris tantum de explotación, cuando se comprueba una notable desproporción de las prestaciones.

A falta de prueba de aquella desproporción, el reclamo no puede prosperar. La regla es el pacta sunt servanda y el remedio de la lesión constituye una excepción, por lo que la ley exige que la desproporción sea evidente. La desigualdad que autoriza a reformular las cláusulas del contrato debe ser grosera, por resultar evidente que una de las partes se obligó “en virtud de su ignorancia, su debilidad o su inexperiencia, cuando es evidente que la otra parte se ha aprovechado de estas circunstancias para sacarles beneficios, el Juez no puede convalidad tales convenciones (cfr. Borda, Guillermo, “Tratado de Derecho Civil. Parte General., T° II, pg. 327)."

"El apelante tampoco propone elementos de convicción demostrativos de su postulación inicial; esto es, que el valor de plaza del inmueble es inferior al asignado por los codemandados, en grado tal de constituir una grave desproporción entre las prestaciones comprometidas, configurativa del presupuesto objetivo de la lesión. A falta de prueba pericial idónea, no puede concluirse que hubo una efectiva desproporción entre el precio pagado por el actor y el valor real del inmueble. La pericia contable sólo se ha expedido acerca de las cuestiones propias de las incumbencias del experto, y si de comparaciones se trata, ha sido categórica en el sentido de que el actor pactó el mismo precio que todos los adquirentes de una unidad de vivienda en ese barrio."

"Por lo demás, está fuera de debate en autos que las opciones con menor costo financiero no estaban disponibles al momento de contratar el actor; quien se constituyó en adjudicatario de la vivienda tomando la única alternativa ofrecida por el organismo en ese entonces. La circunstancia de que otros adquirentes concretaran préstamos en supuestas mejores condiciones de financiación no significa, per se, que la aceptada voluntariamente por el actor consagre, en su resultado final, una notable desproporción de las obligaciones contractuales que conduzca a presumir un aprovechamiento por parte de las accionadas. Por consiguiente, no opera en el caso la presunción iuris tantum de explotación del estado de necesidad, ligereza o inexperiencia del actor, prevista en el art. 945 Código Civil."

(No hubo votos en disidencia; la sentencia fue acordada por dos vocales y firmada por Laura A. David y Marcela F. Ruiz.)