NAMEN JULIO CESAR c/ VILDOZA HECTOR WALDINO s/ ACCIONES POSESORIAS
El actor promovió acción posesoria y reclamó la regulación de honorarios tomando como base regulatoria el valor del bien. La Cámara declaró de oficio la nulidad de la sentencia de fecha 07/02/14 por no haberse observado el trámite previsto en el art. 39 incs. 3 y 4 de la Ley 5480 y devolvió las actuaciones a primera instancia sin imposición de costas.
¿Quién es el actor?
Julio César Namen.
¿A quién se demanda?
Héctor Waldino Vildoza.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Acciones posesorias; incidentalmente, regulación de honorarios profesionales (se discutía la base regulatoria para la liquidación de honorarios).
¿Qué se resolvió?
Se declaró de oficio la nulidad de la sentencia de fecha 07/02/14 que reguló honorarios y de las actuaciones consecuentes, y se remitieron los autos a primera instancia para que se cumpla el procedimiento previsto en el art. 39 incs. 3 y 4 de la Ley 5480. No se impusieron costas.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
Transcripción de párrafos relevantes (texto original del fallo):
"La reseña precedente muestra que en autos no se siguió el trámite de la norma arancelaria, que prevé que se corra vista a las partes para que estimen el valor de los bienes, sino que se corrió traslado de la estimación efectuada por el letrado Cáceres.
Si los demás interesados (letrada de la actora y su cliente) hubieran prestado conformidad con la estimación efectuada por el letrado Armando René Cáceres no hubiera habida dificultad alguna y la base sería la propuesta. Pero ante el silencio antes referenciados y no obstante la conformidad del demandado, esa vista no suple la aplicación del art. 39, incs. 3 y 4 del art. 39 de la Ley 5480; ni el silencio ante aquella vista significa consentimiento ni implica preclusión, como lo pretende el recurrente.
En tales condiciones no puede otorgarse sentido desfavorable al silencio, como lo afirma el apelante, pues no hay obligación legal de pronunciarse; ni puede considerarse que existe preclusión ya que no puede precluir lo que nunca comenzó a aplicarse, esto es el trámite ordenado por el inc. 3, del art. 39 de la Ley 5480. Tampoco corresponde fijar la base regulatoria en el valor fiscal del inmueble, como lo sostiene la sentencia apelada, cuando dicho valor no proviene del trámite fijado en los incs. 3 y 4 del art. 39 de la Ley 5480.
Al no haberse observado el procedimiento de la ley arancelaria –por omisión o por defecto-, la regulación debe anularse pues se afecta el derecho de defensa en juicio..."
Citas textuales adicionales:
"corresponde que se anule de oficio la regulación efectuada y se remitan las presentes actuaciones a la instancia inferior en grado a fin de dar cumplimiento con el procedimiento aludido."
"Atento a que la causa de anulación del fallo es atribuible al órgano jurisdiccional, no corresponde imponer costas (art. 105 inc. 1° y 107 del CPCC)."
Montos y hechos relevantes consignados en la sentencia:
El apelante propuso como base regulatoria $ 837.621,54; la sentencia recurrida había tomado como base el valor fiscal del inmueble $ 18.820,24.
¿Cómo votaron los jueces?
La sentencia fue dictada por dos miembros del Tribunal por existir coincidencia de votos entre el primer y segundo votante; el dispositivo final declara la nulidad y remite a primera instancia (mayoría).
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