QUIROGA HILDA CORNELIA C/ HAURIGOT CLAUDIO Y OTRO- INTERDICTO DE RETENER LA POSESION- S/ RECURSO DE CASACION.-
La actora promovió incidente de caducidad de instancia en el trámite de recurso de casación contra un interdicto de retener la posesión. El Superior Tribunal rechazó el planteo de caducidad, por entender que existió acto impulsorio válido (presentación electrónica del 15/08/2014) y que no se había cumplido el plazo del art. 310 inc. 2 C.P.C. y C.
¿Quién es el actor?
Quiroga Hilda Cornelia (actora en autos).
¿A quién se demanda?
Haurigot Claudio y otro.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Proceso relativo a “INTERDICTO DE RETENER LA POSESIÓN” en trámite de recurso de casación; aquí se dirime un planteo incidental de caducidad de instancia presentado por apoderado de la actora.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el planteo de caducidad de instancia formulado a fs. 450/451; costas a la vencida; cúmplase con la vista ordenada a fs. 449 en fecha 15/08/14.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"En efecto, la perención de instancia es un modo anormal, de terminación del proceso, que se produce cuando no se registra impulso procesal, eficiente, durante el plazo determinado por la ley (Cfr. CN Civ. Sala K, 19-8-2004, “Miniam, Roberto R. c/ Russo, Marcelo G”, Lexis N° 70012981, en Roland Arazi Jorge A. Rojas. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, 2ª Edición actualizada, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2007 Tomo II, p. 39).
De acuerdo con ello, la producción de la caducidad de la instancia se halla supeditada a la concurrencia de los siguientes presupuestos: 1) existencia de una instancia (principal o incidental); 2) inactividad procesal absoluta o actividad jurídicamente inidónea; 3) el transcurso de determinados plazos de inactividad; 4) el pronunciamiento de una resolución que declare operada la extinción del proceso como, consecuencia de las circunstancias señaladas. (Cfr. Lino E. Palacio. Adolfo Alvarado Velloso - Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Rubinzal – Culzoni Editores, Tomo 7, p.72).
Bajo tales lineamientos, y luego del estudio de la causa, podemos afirmar, sin hesitación alguna, que los presupuestos señalados precedentemente no se verifican.
En primer lugar señalamos que, no asiste razón al promoviente, en cuanto afirma que se ha cumplido el plazo de caducidad, sin que el recurrente haya instado el proceso en legal forma, ello atento a que de las constancias de la causa - fs. 448 - surge que en fecha 15/08/2014, y previo al acuse de caducidad, el apoderado de la demandada instó la prosecución del trámite de su recurso, solicitando al Tribunal aplique el art. 117 bis del C.P.C. y C. y corra vista al Sr. Procurador General.
Es claro que la presentación de fs. 448, es un acto impulsorio y pone de manifiesto el interés de la contraria en la prosecución del trámite casatorio.
Asimismo, también es indudable que desde la fecha de la última petición formulada, y providencia del Tribunal (15/08/14), al tiempo del acuse de caducidad (20/08/14), no transcurrió el plazo previsto por el art. 310 inc. 2 del C.P.C. y C.).
De lo antedicho se desprende que, la sola circunstancia de que la contraria no consienta la presentación ON LINE, del recurrente, carece de toda relevancia en lo que aquí se resuelve, sobre todo frente al carácter constitutivo que reviste la resolución que declara la caducidad de instancia."
Además, el Tribunal citó precedentes y destacó el carácter constitutivo de la resolución que declara la caducidad:
"… la resolución judicial que declare la caducidad es otro de los presupuestos básicos para que opere la perención. Dicha resolución judicial tiene carácter constitutivo, en el sentido de que antes del fallo no se producen los efectos de la extinción y en particular no pierden vigencia los actos ya realizados (Carnelutti).
'… En el sistema de la declaración judicial de la caducidad no hay nada que consentir. Si, precisamente, este régimen tiene como punto de partida esencial una resolución que reviste carácter constitutivo, antes que se dicte la misma los actos procesales realizados tienen plena eficacia y, por lo tanto, cabe descartar la necesidad del mentado consentimiento.'"
(Se consignan los precedentes citados: STJSL-S.J. – S.I. Nº 565 /12 y SCBA, B 65907 I 18-5-2011, “Palomo, Miguel Antonio c/ Municipalidad de Lomas de Zamora s/ Demanda contencioso administrativa”.)
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Leyes que cita
- Ley 17.454Codigo procesal civil y comercial de la nacion
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