IBAÑEZ TOMAS ERNESTO c/ INCA PAUL IVAN Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
El actor solicitó embargo preventivo en el marco de una demanda por daños y perjuicios derivada de un accidente de tránsito. La Cámara desestimó el recurso y confirmó la denegatoria del embargo por ausencia de prueba sobre el peligro en la demora, insolvencia de los demandados o intento de ocultar bienes y por falta de documentación aportada por el apelante.
¿Quién es el actor?
Ibañez Tomás Ernesto (apoderado interpuso el recurso).
¿A quién se demanda?
Paul Iván Inca, Ceferino David Inca y Paraná Compañía de Seguros S.A.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Incidente de embargo preventivo en el marco de la demanda principal por daños y perjuicios por accidente de tránsito; se alega verosimilitud del derecho y peligro en la demora por estado vegetativo de la víctima y presunta insolvencia/posible ocultamiento de bienes de los demandados y de la aseguradora.
¿Qué se resolvió?
NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto contra la resolución de fecha 05/11/2018 que había denegado los embargos preventivos; se confirma la decisión de primera instancia.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Preliminarmente es necesario destacar que resulta una carga procesal para quien pretenda formar un incidente, que el mismo se baste a sí mismo. En otras palabras, el apelante debe adjuntar todas las copias necesarias de las actuaciones que fundamenten su petición, de modo tal que el Tribunal cuente con los elementos para abordar la situación que se plantea y describe. En el caso, se peticionó infructuosamente al apelante en numerosas ocasiones que acompañe las copias faltantes para que el incidente cumpla con tal propósito."
"Sin perjuicio de ello, los agravios expuestos no logran desvirtuar los fundamentos del fallo apelado, pues no resultan suficientes a la hora de acreditar la concurrencia de los presupuestos de admisibilidad de la medida cautelar denegada."
"Es pacífico el criterio doctrinario y jurisprudencial de ponderar, con carácter estricto, la admisión de las medidas cautelares cuando se tratan de acciones por daños y perjuicios derivadas de hechos ilícitos, por no estar prevista la situación dentro de los códigos de procedimiento, y en definitiva, depende de una sentencia previa que reconozca el crédito y declare su exigibilidad, caracterizando también los supuestos de excepción a aquel principio: confesión, condena criminal, auto de procesamiento (CCCC Sala III, Sentencia 41 del 20/02/2014 ...)."
"En las concretas circunstancias de la causa, aún en el supuesto de tener por comprobada la existencia de verosimilitud del derecho en base a las constancias de autos y de la causa penal -cuyas copias no se han acompañado-, como se expresa en la sentencia de primera instancia, no existe prueba alguna que acredite la urgencia en el dictado de la medida solicitada, más allá del informe adjuntado a fs. 1/7, del que a diferencia de lo interpretado por el recurrente no surge 'prima facie' la insolvencia de la aseguradora ante el pago de una eventual e hipotética indemnización, lo que fue destacado por la Sra. Jueza de grado en su sentencia."
"La sola circunstancia de tener el demandado su domicilio fuera de la provincia, no autoriza a disponer el embargo preventivo de sus bienes. Esta Sala ha adherido al criterio de que el artículo 233 inc. 1 b) refiere al 'deudor', por lo que es indispensable que se demuestre que el demandado reúne aquella condición ... lo que no acontece en autos."
"En definitiva, el recurrente sólo demuestra su temor a una eventual o hipotética insolvencia del demandado y de la compañía de seguros, que no está respaldada por ningún elemento de prueba. En efecto, no existe constancia alguna de la insuficiencia patrimonial de los demandados, o de que hayan intentado ocultar su patrimonio o hacerlo desaparecer para evadir la eventual responsabilidad que pueda atribuírseles en este litigio ... En suma, no surgen elementos que justifiquen, al menos en este estadio procesal, el otorgamiento del embargo preventivo solicitado."
¿Cómo votaron los jueces?
la sentencia fue dictada por coincidencia de votos entre el primer y segundo votante; no se registra disidencia en el acuerdo público.
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