ALBISU DIGGENARO GUILLERMO JAVIER C/ GREEN S.A. Y ARROYO CARLOS EDUARDO- PRUEBA ANTICIPADA- DAÑOS Y PERJUICIOS- S/ RECURSO DE QUEJA.-

¿Quién es el actor?

ALBISU DIGGENARO, GUILLERMO JAVIER (parte actora, a fs. sub. 26/sub. 42 y vta.).

¿A quién se demanda?

GREEN S.A. y ARROYO, CARLOS EDUARDO (codemandado citado en la causa).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se impugna la decisión de la Cámara Civil, Comercial, Minas y Laboral Nº 1 que denegó Recurso Extraordinario de Inconstitucionalidad y que, con anterioridad, había hecho lugar a recursos de apelación que revocaron sentencias interlocutorias vinculadas a notificaciones y sanciones (materia de prueba anticipada y daños y perjuicios).

¿Qué se resolvió?

No hacer lugar al Recurso de Queja interpuesto por la parte actora; se rechazó por improcedente al no tratarse de resolución definitiva que ponga fin al pleito o impida su prosecución, requisito necesario para abrir la vía extraordinaria.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Que, sin embargo, del análisis de los antecedentes de la causa surge con meridiana claridad que el recurso no puede tener andadura, por cuanto no se dirige contra una sentencia definitiva emanada de las Cámaras de Apelaciones. En atención a ello, cuadra señalar, conforme lo ha establecido reiteradamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en términos que son de estricta aplicación al Recurso Extraordinario de Inconstitucionalidad local, por participar de análoga naturaleza respecto del recurso extraordinario estatuido en el orden federal, que la sentencia recurrida debe ser de aquéllas que ponen fin al pleito o impiden su prosecución, en los siguientes términos: '…Esta Corte tiene declarado desde antiguo que la viabilidad del recurso extraordinario requiere, entre otras condiciones, su interposición contra una sentencia definitiva, naturaleza atribuible a las decisiones que ponen fin a los pleitos, impiden su prosecución, o causan un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior…' (Cfr. Fallos: 274:424; 298:212; 303:802, entre muchos otros), es decir que el pronunciamiento apelado debe, pues, decidir de manera final respecto al derecho que pueda asistir a las partes o impedir la tutela judicial del actor en un nuevo juicio."

"Por consiguiente, las decisiones que no revistan la índole exigida, como la del caso que nos ocupa, aunque causaren gravamen, no son susceptibles de ser atendidas en esta instancia extraordinaria, salvo que produjeran el efecto de aquellas: finalizar la litis principal haciendo imposible su prosecución (Cfr. Ac. 33.632, 21-9-84, 'NADEO ALFREDO MARCELO, CONC. CIV. VOLUNTARIO', citado por Augusto Mario Morello en Los Recursos Extraordinarios y la Eficacia del Proceso, t. 3, p. 984)."

"Complementariamente, si bien el recurrente invoca la posible vulneración de garantías constitucionales, ésta no basta para suplir el recaudo bajo análisis. En este sentido la Suprema Corte tiene dicho que '…la invocación de garantías constitucionales, arbitrariedad o gravedad institucional no suple la ausencia de definitividad de la resolución invocada…' (Cfr. C.S - Fallos T. 308:1486,2049; 313:22); o '…la ausencia de definitividad no puede suplirse con la invocación de arbitrariedad o de agravios constitucionales' (Cfr. C.S. Fallos t. 312:1891, 2348; 313:227)."

¿Cómo votaron los jueces?

La resolución final aparece acordada y firmada digitalmente por los Dres. Oscar Eduardo Gatica, Omar Esteban Uria y Lilia Ana Novillo; constan excusados o con licencia los Dres. Florencio Damián Rubio y Horacio G. Zavala Rodríguez. No se registra voto en disidencia incluido en el dispositivo.