IÑIGUEZ ADRIANA DEL CARMEN c/ PROVINCIA DE TUCUMAN s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.

¿Quién es el actor?

Adriana del Carmen Iñiguez.

¿A quién se demanda?

Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán (Provincia de Tucumán).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Ejecución de sentencia por daños y perjuicios (condena por daño moral de $200.000, con interés desde el 22/03/2010) y, en el trámite, planteo de inconstitucionalidad de las Leyes Provinciales Nros. 6.987 y sus prórrogas, 8.228 y sus prórrogas, y 8.851 y su Decreto Reglamentario N° 1.583/1‑FE.

¿Qué se resolvió?

Se rechazaron los planteos de inconstitucionalidad de las tres leyes y del decreto reglamentario; se impusieron las costas por el orden causado y se devolvieron los autos a la Sala II para continuar el proceso.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Por Resolución N° 597 del 08/08/2016 (fs. 1.466/1.474), la Sala II° de este fuero hizo lugar parcialmente a la demanda de daños y perjuicios deducida por la Sra. Adriana del Carmen Iñiguez, condenando al Superior Gobierno de la Provincia a abonarle a la actora la suma de $200.000.- (pesos: doscientos mil) en concepto de daño moral, más los intereses conforme tasa pasiva desde la fecha del hecho (22/03/2010), hasta el momento de su efectivo pago, acto que fuera debidamente notificado a las partes (cédulas de fs. 1.475/1.476) y que deviniera en firme."

"En relación a la Ley N° 6.987, ... surge prístino que el crédito que se reclama en autos es de causa posterior y no quedó alcanzado por las disposiciones de la Ley N° 6.987, la cual 'como se dijo' no estaba vigente al momento de los hechos. ... Un pronunciamiento jurisdiccional que en dicho sentido se emitiera no eximiría a la actora 'de cualquier modo' de la obligación de seguir el trámite (permanente) de cobro establecido en la Ley N° 8.851, el cual conlleva la inembargabilidad de sus acreencias."

"Concorde con el criterio enunciado, la Ley N° 8.851 estableció un procedimiento que procura armonizar la administración racional de los fondos públicos y los derechos patrimoniales de los particulares debatidos en el ámbito de la justicia. ... En consecuencia, no cabe considerar que pesa sobre el Estado la obligación de cancelar las condenas judiciales ni bien comenzado el ejercicio presupuestario y disponer la ejecución del crédito, puesto que se ha establecido un procedimiento en la normativa en crisis a los fines de precisar la partida presupuestaria para atender las acreencias de los particulares con sentencia favorable en sede judicial. ... Estando al conjunto de argumentaciones precedentes la Ley N° 8.851 y el régimen de inembargabilidad de fondos púbicos que establece, no lucen inconstitucionales en el marco del caso de autos."

¿Cómo votaron los jueces?

decisión por mayoría; el voto del Dr. Juan Ricardo Acosta expone el razonamiento y la Dra. María Florencia Casas adhiere ("Estoy de acuerdo con los fundamentos vertidos por el Sr. Vocal preopinante, por lo que voto en igual sentido."). El dispositivo final confirma el rechazo de los planteos y ordena la devolución de autos a la Sala IIª.