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LECCESE RICARDO OMAR c/ PROVINCIA DE TUCUMAN s/ INCONSTITUCIONALIDAD.
El actor promovió acción declarativa de inconstitucionalidad contra el artículo 1 de la Ley provincial N° 9.071 por incremento de alícuotas del impuesto sobre los ingresos brutos que a su juicio no puede trasladar. La Cámara rechazó la demanda por falta de prueba sobre la imposibilidad de traslación y sobre la confiscatoriedad invocada, confirmando que las pruebas aportadas no acreditan vulneración constitucional.
¿Quién es el actor?
Ricardo Omar Leccese, por intermedio de su letrada apoderada.
¿A quién se demanda?
Provincia de Tucumán.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Declaración de inconstitucionalidad del artículo 1 de la Ley N° 9.071 (modificación del cuadro de alícuotas del impuesto sobre los ingresos brutos), por entender que el aumento de la alícuota recae sobre la renta del contribuyente (impuesto directo) dada la supuesta imposibilidad de trasladar el tributo en la actividad de venta al por menor de productos farmacéuticos; y por alegada confiscatoriedad.
¿Qué se resolvió?
NO HACER LUGAR a la demanda; se rechazó la pretensión de inconstitucionalidad y se impusieron las costas al actor. Se reservó pronunciamiento sobre honorarios.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"la condición de trasladable del impuesto sobre los ingresos brutos se vincula con exclusividad a la naturaleza misma del gravamen, por lo que, ante la ausencia de dicho recaudo, este muta transformándose en impuesto directo aprehendiendo de tal forma una parte o porción de la renta o el capital del contribuyente."
"De la prueba rendida en la causa, se avizora que el actor no ha llegado a probar adecuadamente tales recaudos... el demandante no ha llegado a probar adecuadamente tales recaudos."
"la carga de la prueba se presenta como una distribución de riesgo para la parte que omite su producción, por lo que cada litigante debe asumir las consecuencias de que la prueba se produzca o no. Así se ha sostenido que 'la carga de la prueba es una circunstancia de riesgo, donde quien deba y no pruebe los hechos que le correspondan pierde el pleito, si de ellos depende la suerte de la litis... El onus probandi incumbe a quien afirma' (CNCom., sala B, 15/12/1989 'Bárbara Alfredo y otra c/Mariland S.A. y otros s/Ordinario')."
Adicionalmente, el Tribunal constató que algunos elementos de prueba obrantes resultan contrarios a la pretensión del actor, citando la solicitada de la Asociación de Distribuidores de Especialidades Medicinales que informaba que "las droguerías Asociadas trasladaron el incremento del impuesto a los ingresos brutos a sus clientes, las farmacias", y que los precios consignados en el Manual Farmacéutico y en el Vademécum Nacional de Medicamentos revisten la condición de "precios sugeridos" según ANMAT y la Resolución N° 215/2014 de la Secretaría de Comercio, lo que debilita la afirmación de que el actor se encuentra imposibilitado de trasladar el tributo.
¿Cómo votaron los jueces?
unanimidad de la Sala I (Dr. Juan Ricardo Acosta y Dra. María Florencia Casas), sin disidencias.
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