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Cámara de Apelaciones

ALBORNOZ JOSEFINA ROSA c/ CAJA DE SEGUROS SA s/ COBROS (ORDINARIO)

La actora reclamó el pago de un seguro colectivo por incapacidad parcial y permanente derivada de un accidente de trabajo. La Cámara confirmó la sentencia de primera instancia, calificó la relación como consumidor/proveedora aplicable a la Ley 24.240 (plazo de prescripción trienal) y condenó a la aseguradora al pago del capital equivalente a 25 sueldos más $20.000 por daño moral.

Fecha de la sentencia
Tribunal
CAMARA CIVIL Y COMERCIAL COMUN - CONCEPCION - Sala Unica (TUCUMAN)
Fuero
CAMARA CIVIL Y COMERCIAL COMUN - CONCEPCION - Sala Unica
Jurisdicción
Local · Tucuman
Expediente
319/13
Seguro colectivo Ley 24.240 Prescripcion trienal Incapacidad parcial permanente Clausula 16 poliza Capital asegurado (25 sueldos) Dano moral Consumo Confirmacion de sentencia Costas a la aseguradora

¿Quién es el actor?

Josefina Rosa Albornoz (DNI 10.686.868).

¿A quién se demanda?

Caja de Seguros SA (La Caja de Ahorro y Seguro).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Cobro de suma dineraria por seguro colectivo de vida/incapacidad (incapacidad parcial, permanente y definitiva 22,5%), más daño moral ($20.000), y pago del capital asegurado (equivalente a 25 sueldos según póliza).

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de apelación de la aseguradora y se confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la demanda, condenando a la demandada al pago del monto que resulte de calcular el sueldo vigente de un trabajador de la categoría de la asegurada multiplicado por 25, más $20.000 por daño moral, con intereses y costas a la demandada.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Por ello, habiéndose aclarado que nos encontramos frente a una relación de consumo, que es irrenunciable y aplicable de oficio por el juez el régimen tuitivo, como lo fundó el fallo apelado, es que la controversia en la que el asegurador demandado se niega a cumplir con la prestación a su cargo derivada de un contrato colectivo de vida e incapacidad, con el argumento de que la acción está prescripta por aplicación del plazo anual previsto por el art. 58 de la Ley 17.418, debe considerarse aprehendida en los términos que establece el art. 50 de la Ley 24.240 conforme la modificación introducida en el año 2008 por la Ley n° 26.361, pues existe un plazo de prescripción más favorable al consumidor. Ello, en base a una perspectiva de los derechos humanos fundamentales de raigambre constitucional que implica una protección tuitiva ampliada a favor de los beneficiarios de las leyes que el Estado busca proteger desde el prisma del derecho de los consumidores, postulando una interpretación y aplicación de la norma más favorable a la persona humana en base al principio pro homine y permite abordar el “test de constitucionalidad”, a través del paradigma de la normativa consumerista."

"En base a ello, estimó que al haberse comprobado la incapacidad parcial, permanente y definitiva de la actora en un porcentaje del 22.5%, de acuerdo a todos los parámetros analizados y teniendo en cuenta además, que la Sra. Albornoz ... obtuvo un cambio de función en el establecimiento educativo donde se desempeñaba laboralmente, conforme fuera requerido por ART por razones de salud..., y atento a su condición de consumidora, es que condenó a la demandada al pago del seguro contratado."

¿Cómo votaron los jueces?

Unanimidad de la Sala (Dra. Mirtha Inés Ibáñez de Córdoba; Dra. María José Posse; Dr. Mario Rodolfo Leal). Se desestimó la apertura de prueba en alzada por negligencia de la apelante en producirla en la instancia de origen.

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