ALBORNOZ JUAN CARLOS c/ ROBLEDO MATIAS BENJAMIN Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS

¿Quién es el actor?

Juan Carlos Albornoz (actor).

¿A quién se demanda?

Matías Benjamín Robledo y otros; entre ellos la codemandada Sra. Silvia Andrea Orellana (ya fallecida; recurrentes son sus herederos: Carlos Eduardo Rojano, Gerónimo Rojano, Sofía Rojano y Martina Rojano).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

pretensión por daños y perjuicios (causa caratulada "ALBORNOZ JUAN CARLOS c/ ROBLEDO MATIAS BENJAMIN Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS", Expte. N° 2983/14).

¿Qué se resolvió?

No hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por los herederos de la Sra. Orellana; se confirma íntegramente la sentencia del 22/07/2025 que rechazó el incidente de nulidad; costas a los recurridos; se reserva pronunciamiento sobre honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En lo decisivo, la Sra. Fiscal de Cámara, opinó que desde el fallecimiento de la Sra. Orellana, acaecido el 24/06/20, hasta que se pone en conocimiento del órgano judicial dicha circunstancia, se llevaron a cabo ciertos actos que no vulneraron el derecho de defensa de su parte (herederos de la Sra. Orellana), toda vez que la medida para mejor proveer ordenada se dictó en el marco de las facultades atribuidas al Magistrado en el art. 39 CPCC ?ley 6176 aplicable a la fecha del dictado de los actos impugnados-, que a su vez, y tal como señaló acertadamente la sentencia en crisis, había sido ofrecida por la codemandada. En tal contexto, corresponde advertir que la declaración de nulidad no procede, por cuanto no se han realizado actos que vulneren la defensa de los herederos de la Sra. Orellana. Que por ello, debe conservarse la validez de lo actuado hasta el dictado de la sentencia definitiva del 17/10/24, la que debe notificarse válidamente a los ahora recurrentes, a los fines de garantizar el derecho de defensa de los herederos de la codemandada fallecida. Con estos fundamentos, se pronunció por el rechazo del recurso interpuesto y la confirmación de la sentencia apelada."

"Ante todo, cabe dejar sentado que, como principio, el digesto procesal exige que verificado que sea el hecho (fallecimiento de la parte en el expediente), corresponde la suspensión del proceso que debe retrotraerse al momento del deceso de la parte originaria, anulándose los actos procesales realizados con posterioridad al mismo.

No obstante ello, compulsadas las actuaciones, se observa que, efectivamente, al momento del fallecimiento de la Sra. Orellana (24/06/2020), el proceso ya se encontraba con el debate cerrado y en estado de dictar sentencia desde marzo de 2019; conforme lo señalara el Aquo. El único acto posterior de relevancia fue la medida de mejor proveer dictada por el juez para incorporar una causa penal y tal como surge de las constancias, dicha prueba informativa había sido expresamente ofrecida por el propio apoderado de la Sra. Orellana; y a todo evento, constituye un imperativo legal conforme lo señala el art. 1775 CCyCN."

"En consecuencia, el argumento de la recurrente sobre la existencia de una 'nulidad absoluta' que prescinde del perjuicio no resulta ajustado a la normativa procesal que rige el instituto. El acto procesal cumplido (incorporación de la causa penal) no solo era una facultad del magistrado, sino que concretaría una petición de la propia parte. Por lo demás, no se advierte qué defensa o facultad procesal se les habría privado de ejercer, dado que en la etapa de 'autos para sentencia' las partes ya no pueden presentar escritos ni aportar pruebas nuevas.

Por lo expuesto, y en coincidencia con lo dictaminado por la Sra. Fiscal de Cámara, corresponde rechazar el recurso interpuesto y confirmar la sentencia de fecha 22/07/2025 en todas sus partes."

¿Cómo votaron los jueces?

La sentencia fue dictada por coincidencia de votos entre el primer y segundo votante (dos miembros del Tribunal), y el acuerdo final confirma íntegramente la resolución apelada.