ROMERO LELIA CAROLINA s/ QUIEBRA PEDIDA

¿Quién es el actor?

Síndico Adolfo A. Jerez, en su calidad de apelante contra la regulación de honorarios.

¿A quién se demanda?

Sentencia de fecha 17/12/2019 dictada por el juez de primera instancia que reguló honorarios; partes relacionadas: la fallida Romero Lelia Carolina y su letrado patrocinante Luis Benedicto Fernández.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Revisión de la regulación de honorarios practicada en autos de quiebra; en particular, que se respeten los mínimos legales del art. 267 L.C.Q. y que se asigne a sindicatura un porcentaje mayor (70%) del monto destinado a honorarios.

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar parcialmente al recurso de apelación del síndico y se modificaron los honorarios: se regula a favor del síndico Adolfo A. Jerez la suma de $81.480,00 y a favor del letrado patrocinante de la fallida Luis Benedicto Fernández la suma de $34.920. Asimismo, se tuvo por evacuada la consulta en los términos del art. 272 LCQ.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Conforme a lo antes considerado, el recurrente debió cuestionar puntualmente la aplicación del art. 268 inc. 2 de la LCyQ efectuada en la sentencia apelada, que contempla el supuesto de clausura por falta de activo, situación que ya fuera denunciada por la fallida en el pedido de quiebra. Asimismo el a quo hizo referencia a tal situación en el punto XIV de la resolutiva de la sentencia que declara la quiebra del 20/04/17 (fs. 33/35), como así también que el activo consistía en el 20 % del sueldo que percibe la fallida. En igual sentido la propia sindicatura al presentar informe final y proyecto de distribución informó que no ingresó ningún activo proveniente de la venta de bienes sino que los únicos fondos existentes son los emanados del embargo del 20 % del sueldo de la fallida antes referenciado.

Por lo demás la sentencia apelada no hizo referencia alguna a la facultad de perforación de mínimos prevista por el art. 271 de la LCyQ a que alude el apelante, por lo que cabe rechazar los agravios esgrimidos al respecto.

Por las razones dadas, no habiendo cuestionado el recurrente la aplicación por el a quo del art. 268 inc. 2 que contempla una situación similar a la existente en autos -inexistencia o insuficiencia de activos-, no resulta arbitraria la regulación practicada pues los fondos no alcanzan para la regulación que pretende el síndico esto es, la consistente de tres sueldos de secretario de primera instancia con más adicionales.

En cuanto al porcentaje asignado a sindicatura del 50 % del monto a repartir entre los profesionales intervinientes, asiste razón al recurrente en cuanto afirma que el mismo es bajo.

Si bien el porcentaje a asignar a cada profesional no esta previsto por la ley, es criterio doctrinario y jurisprudencial que en el supuesto de quiebra cabe asignar el 70 % del monto a repartir al síndico y el 30 % restante al letrado de la fallida (Pesaresi-Passaron, “Honorarios en Concursos y Quiebras, edit. Astrea, Bs. As, 2.002, pág. 359). En consecuencia, los honorarios regulados al síndico, resultan bajos por lo que cabe hacer lugar al recurso de apelación deducido por el mismo y en consecuencia modificar los honorarios regulados en la sentencia apelada y asignar el 70 % al síndico y el 30 % al letrado de la fallida, del monto destinado a honorarios. En consecuencia se regula honorarios a favor del síndico Jerez en la suma de $ 81.480 y a favor del letrado patrocinante de la fallida Benedicto Fernández en la suma de $ 34.920.

Atento que se configura en autos el supuesto que contempla el art. 265 inc. 3° LCQ, en tanto se procede a regular honorarios en virtud de la presentación de un proyecto de distribución, resulta aplicable la norma que habilita a este Tribunal de Alzada a revisar oficiosamente los estipendios profesionales en los supuestos de regulación de honorarios en la quiebra con liquidación de bienes (art. 272 LCQ).

En cuanto a la intervención de la alzada en los términos del art. 272 LCyQ, se advierte que la regulación se ha efectuado en la etapa procesal oportuna y cumple con los recaudos legales existentes al respecto, por lo que cabe tener por evacuada la consulta efectuada."

(No consta voto en disidencia en la parte reproducida; la sentencia fue dictada por coincidencia de votos entre el primer y segundo votante.)