ROMERO LASCANO EDUARDO ANTONIO c/ PROVINCIA DE TUCUMAN Y OTRO s/ ACCION DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD

¿Quién es el actor?

Romero Lascano Eduardo Antonio.

¿A quién se demanda?

Provincia de Tucumán y otro.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Acción declarativa de inconstitucionalidad de artículos de la Constitución de Tucumán y de las leyes 8.199 y 8.734; además, se solicita que se declare la caducidad del proceso de destitución (art. 23 de la ley 8.199 concordante con art. 38 de la ley 8.734) y se demande la medida cautelar que ordene a la Comisión de Juicio Político y al Jurado de Enjuiciamiento abstenerse de realizar actos del procedimiento de remoción mientras no se resuelva la caducidad.

¿Qué se resolvió?

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán declaró su competencia para entender en los actuados y NO HIZO LUGAR a la medida cautelar solicitada. Se protocolizó el dictamen del Ministerio Fiscal (fs. 43/45 vta.).

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Viene al caso señalar que, para el despacho favorable de una medida cautelar, el solicitante debe justificar -en forma sumaria- la verosimilitud de su derecho, así como el peligro de su frustración o la razón de urgencia de la medida.

Asimismo, no debe olvidarse que el proceso cautelar tiende a impedir que el derecho cuyo reconocimiento o actuación se pretende obtener a través de un proceso (de conocimiento o de ejecución), pierda su virtualidad o eficacia durante el tiempo que transcurre entre su iniciación y el pronunciamiento de la sentencia que le pone fin. En otros términos, las medidas cautelares encuentran su finalidad última en la necesidad de asegurar la seriedad de la función jurisdiccional, pretendiéndose privilegiar la eficacia cierta, verdadera y palpable de que la tutela específica de los derechos invocados, cuente desde un principio con los resguardos suficientes para que en su día, al sobrevenir la sentencia de mérito, lo que ella mande sea cabalmente cumplido (cfr. Bourguignon, Marcelo y Peral, Juan Carlos –Directores-: “Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán”, Tomo I-B, pág. 533/534)."

"Si bien es cierto que la fuerte presencia, de uno de aquellos dos requisitos faculta a no ser estricto en la apreciación de la concurrencia del otro; más verdadero es, aún, que ello no autoriza a declarar la procedencia de una cautelar encontrándose totalmente ausente, uno de ellos, que es lo que acontece en la especie.

Ello es así, en orden a la caducidad de la acción alegada como fundamento de la medida cautelar, no se aprecia que se haya demostrado la existencia de la verosimilitud de aquel derecho invocado, no bien se advierte que, si el trámite del proceso de destitución se detuvo, fue merced al acogimiento, en el ámbito judicial y en su favor, de una medida cautelar solicitada, por la misma parte, que ahora intenta valerse de tal situación para dar sustento a su pretensión de caducidad formulada en el escrito de demanda. Tal circunstancia impide tener, por acreditado, aunque más no sea sumariamente, el recaudo de la verosimilitud del derecho, sin que ante lo apuntado alcance para satisfacer el requisito de marras, la alegación relativa a la no suspensión o interrupción de los plazos de caducidad."

Asimismo, refiere la sentencia que no son suficientes, prima facie, los argumentos del actor respecto de la inconstitucionalidad invocada ni lo dispuesto en el art. 2 de la Ley 8.734 para deslegitimar a la Comisión de Juicio Político o la integración del Jurado de Enjuiciamiento, remitiendo además a precedentes locales y nacionales (sentencias Nº 888/2008, 723/2013 y decisiones de la Corte Nacional de fechas citadas).

¿Cómo votaron los jueces?

La resolución consta en el acuerdo final suscripto por los señores vocales Antonio Gandur, René Mario Goane y Antonio Daniel Estofán; las vocalías de Claudia Beatriz Sbdar y Daniel Oscar Posse se encuentran excusadas. No existe disidencia consignada en el texto final.