BARCALA GUSTAVO LUIS s/ CONCURSO PREVENTIVO s/ INCIDENTE

¿Quién es el actor?

La quiebra de José Luis Barcala / Síndico (parte que obtuvo la decisión de primer grado).

¿A quién se demanda?

Archivil S.A. y Daniel Lucci (incidentistas / recurrentes en apelación).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Restitución de sumas abonadas por Barcala como consecuencia de la rescisión de contratos de compraventa inmobiliaria y de acciones celebrados el 07/11/2011; el juez de primera instancia fijó la suma a restituir en USD 47.354,59.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de apelación interpuesto por Archivil S.A. y Daniel Lucci y se confirmó íntegramente la sentencia de fecha 21/11/2019 que fijó la restitución en USD 47.354,59; costas de la Alzada a cargo del recurrente vencido; se reserva pronunciamiento sobre honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"De acuerdo a los términos transcriptos, es evidente que los contratantes previeron un pacto comisorio expreso a favor de la vendedora con una cláusula penal para el caso de “falta de pago de cualquiera de las cuotas pactadas.” ... El acogimiento de la pretensión resolutoria hace aplicable la cláusula penal pactada por las partes, que constituye una determinación anticipada y convencional del daño."

"Coincidimos con el sentenciante en cuanto a que dicha penalidad implicó, desde la perspectiva de los derechos del consumidor (Ley 24.240), un abusivo aprovechamiento de la situación del comprador incurso en mora, pues, ante el primer incumplimiento de las cuotas adeudadas -si realmente su objetivo era facilitar el cumplimiento de la obligación-, la conducta que debieron observar los incidentistas consistía en iniciar el procedimiento previsto en la Cláusula Tercera. Esto es, notificar por nota o vía telefónica al comprador, solicitando la regularización de la deuda; cumplido un mes desde el primer aviso sin que se haya regularizado la deuda, enviar una carta documento de intimación, bajo apercibimiento de que, cumplido un mes más sin regularizar la deuda, se rescindirá el contrato."

"No puede soslayarse el comportamiento de la parte vendedora, quien dilató largamente el mecanismo acordado para ejercer la facultad resolutoria (desde la mora producida en el año 2012, hasta solicitar judicialmente la rescisión en el 2016), lo que a la postre significó que la penalidad prevista a su favor (%25 sobre lo devengado), sea cada vez más onerosa por el paso del tiempo, en detrimento del monto a restituir al comprador. Así, la doctrina ha señalado que muchas veces lo que resulta abusivo es la manera o el momento en que fue ejercido un derecho."

"En cuanto a la observación formula por el Síndico, a cuyo criterio se habría incurrido en un error al adicionar intereses al capital que los incidentistas deben restituir a la quiebra, debemos remarcar que ello no es así, en tanto, la doctrina ha señalado que “cuando deben restituirse sumas de dinero en virtud de la resolución del contrato, la restitución comprende también los intereses, que deben computarse desde el día en que fueron recibidas las mencionadas sumas...”. Por lo demás, el monto fue calculado por el Magistrado a partir de lo dictaminado por el perito a fs. 118/120, incluyéndose los intereses de las sumas entregadas por el Sr. Barcala, sin que el mismo fuera impugnado por ninguna de las partes."

¿Cómo votaron los jueces?

La sentencia fue dictada por dos miembros del Tribunal con coincidencia de votos; consta mayoría que confirma la decisión de instancia inferior.