ALTA MEDICA GROUP S.R.L. s/ RECURSO DE APELACION

¿Quién es el actor?

Alta Médica Group S.R.L.

¿A quién se demanda?

Dirección de Comercio Interior de la Provincia (resolución administrativa N° 827-311-DCI-04).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Recurso de apelación contra la resolución que impuso una sanción de multa de $5.000 por presunta infracción de los arts. 4, 7, 8, 19 y 37 de la ley nacional N° 24.240 (Defensa del Consumidor).

¿Qué se resolvió?

La Cámara de Apelaciones declaró su incompetencia para seguir entendiendo en la causa y ordenó la remisión de los autos al Juez de Instrucción que por turno corresponda.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"I.- En fecha 6-12-04 (fs. 65/72) el Director de la entidad Alta Médica Group S.R.L. interpuso Recurso de Apelación contra la Resolución N° 827-311-DCI-04 dictada por la Dirección de Comercio Interior de la Provincia, por la cual se impone a dicha sociedad una sanción de multa de $5000 por resultar acreditada la infracción a los arts. 4, 7, 8, 19 y 37 de la ley nacional N° 24.240 de Defensa del Consumidor, por los motivos allí expuestos."

"II.- En sentencia Nº 642 de fecha 8-9-10 la C.S.J.T. sostuvo que, teniendo en cuenta que la Provincia de Tucumán, no cuenta con una ley reglamentaria de Defensa del Consumidor, la única guía de interpretación razonable para determinar el tribunal competente para revisar judicialmente la sanción establecida en el art. 47 de la ley 24.240 y que -al mismo tiempo- sigue el sentido de las normas vigentes en la definición del juez competente en nuestra provincia, es aquella que atiende -en forma preponderante o predominante- a la índole de la mencionada sanción impuesta al actor en la causa.

Y continua el citado fallo diciendo que, las sanciones que dicta la Dirección de Comercio Interior conforme al art. 47 de la LDC tienen una indudable finalidad retributiva o represiva que se encuentra conceptualmente más cercana al ámbito de lo contravencional que de lo administrativo. Este carácter represivo de las sanciones encaja, además en buena medida con la definición de “sanción punitoria” que trae la ley (art. 66, inc. 1, LOPJ) y, al mismo tiempo, coincide con la exclusión expresa de las sanciones contravencionales (aún las dictadas por autoridades de índole administrativa como son los Jueces de Faltas), del ámbito de la competencia de la Cámara Contencioso Administrativo (art. 33, inc. 2, LOPJ).

En suma, teniendo en cuenta que la atribución de competencia en la materia depende de una decisión de la Legislatura y que esta definición legal aún se encuentra pendiente, atendiendo al carácter punitorio de la sanción impuesta por la Dirección de Comercio Interior, cabe concluir que el caso no está encuadrado en la competencia establecida en el art. 32 de la ley 6238 para esta Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, sino que corresponde a los jueces de Instrucción -hasta tanto sean puestos en funcionamiento los Juzgados contravencionales- por aplicación del art. 66, inc. 1, LOPJ y 36 del CPP."

Texto del dispositivo final (transcripción):

"RESUELVE:

I.- DECLARAR LA INCOMPETENCIA de este Tribunal para seguir entendiendo en la presente causa, conforme lo ponderado.

II.- DISPONER, acorde a lo considerado, la remisión de estos autos a través de Mesa de Entrada al Sr. Juez de Instrucción que por turno corresponda.

HÁGASE SABER."

(No se registran votos en disidencia ni mayorías expresadas más allá del bloque dispositivo final.)