CITRUSVIL S.A. c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN s/ INCONSTITUCIONALIDAD

¿Quién es el actor?

Citrusvil S.A.

¿A quién se demanda?

Gobierno de la Provincia de Tucumán

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se impugnó la validez constitucional del Decreto N° 1.961/3 (12/9/2002) que dejó sin efecto la alícuota 0% del Impuesto sobre los Ingresos Brutos aplicable a la actividad de la actora, solicitando la nulidad por inconstitucional.

¿Qué se resolvió?

La Corte rechazó el recurso de casación interpuesto por la Provincia y confirmó la sentencia Nº 669 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo (12/12/2013) que declaró la inconstitucionalidad del Decreto N° 1.961/3. Imposición de costas a la recurrente; reserva sobre regulación de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Transcripción de los 2-3 párrafos más relevantes de la sentencia (texto original):

"Se resolvió, por el contrario, que sí resulta inconstitucional el Decreto N° 1.961, del 12/9/2002 dado que, al dejar sin efecto la alícuota del 0% del Impuesto a los Ingresos Brutos, desorbita los límites de la delegación legislativa acordada, al apartarse de la política legislativa prevista por el legislador al delegar, que no es otra que la consecución de los propósitos y objetivos del Pacto Fiscal vinculados a la exención progresiva del impuesto. A tal efecto se tuvieron presente las tres reglas básicas que, según doctrina, deben observarse estrictamente para que la delegación no devenga inconstitucional: a) que la política legislativa haya sido delineada, en forma clara, por el legislador, para evitar la producción de decisiones libradas, íntegramente, a la discrecionalidad de los órganos administrativos; b) la delegación no puede ser tomada, en forma igualitaria, para todas las materias, sino que debe existir una gradación en la intensidad, según sea el tipo de facultad delegada, de modo que todo lo atinente, a la delegación en materia tributaria, debe ser restringido a lo indispensable, ya que, el poder tributario, ha sido atribuido constitucionalmente al legislador; c) debe tenerse en cuenta que la delegación, pese a su difusión, no debe dejar de ser un instituto jurídico de excepción y, por lo tanto, de interpretación restrictiva; ergo, frente a una duda de sí es pertinente o no, debe estarse a la solución negativa (Bianchi, Alberto B., La delegación legislativa. Teoría de los reglamentos delegados en la Administración Pública, Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma, Bs. As., 1990, p. 907)."

"En suma; el fallo impugnado se adecua a las pautas y a la doctrina legal establecidas, por esta Corte y, por ende, no presenta ningún vicio que justifique su descalificación como acto jurisdiccional válido. En este sentido cabe recordar que resulta vano, estéril, todo intento por torcer, el consolidado criterio jurisprudencial, que impera sobre la cuestión debatida en autos, en la medida que no se aporten nuevas razones y argumentos de convicción, serios, que refuten o superen a los desarrollados en fundamento de aquél..."

(Se incluye, además, la parte resolutiva final de la Sala:)

"RESUELVE:

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación, planteado por la parte demandada, contra la sentencia Nº 669 dictada, por la Sala II de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, en fecha 12 de diciembre de 2013.

II.- COSTAS como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento, sobre regulación de honorarios, para ulterior oportunidad."

¿Cómo votaron los jueces?

Unanimidad de los tres vocales (Drs. René Mario Goane, Claudia Beatriz Sbdar y Antonio Gandur) adhiriendo a los fundamentos del voto preopinante.