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Cámara de Apelaciones

GRACIANO NORA BEATRIZ c/ CARREFOUR ARGENTINA S.A Y OTROS s/ SUMARIO (RESIDUAL)

La actora promovió medida cautelar para evitar intimaciones extrajudiciales dirigidas a su entorno por una deuda reclamada. La Cámara hizo lugar a la apelación, revocó la sentencia apelada y dictó la cautelar ordenando a Carrefour Argentina S.A., Banco de Servicio Financiero S.A. y Fideicomiso Financiero Creditia abstenerse de intimar o notificar a personas distintas de la actora mientras dure el proceso.

Fecha de la sentencia
Tribunal
CAMARA CIVIL Y COMERCIAL COMUN - Sala 3 (TUCUMAN)
Fuero
CAMARA CIVIL Y COMERCIAL COMUN - Sala 3
Jurisdicción
Local · Tucuman
Expediente
4126/19
Medida cautelar Consumo Practicas abusivas Intimaciones extrajudiciales Articulo 8 bis ley 24.361 Carrefour Fideicomiso creditia Proteccion del consumidor Notificaciones a terceros Apariencia judicial

¿Quién es el actor?

Graciano Nora Beatriz (la actora).

¿A quién se demanda?

Carrefour Argentina S.A., Banco de Servicio Financiero S.A. y Fideicomiso Financiero Creditia.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Medida cautelar para que los demandados se abstengan, durante la tramitación del proceso, de realizar intimaciones o notificaciones (carta documento, mensajes de texto, WhatsApp u otros) dirigidas a la empleadora, familiares o cualquier otra persona distinta de la actora, respecto de la deuda que se le reclama.

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar al recurso de apelación, se revocó la sentencia de primera instancia y, en sustitutiva, se hizo lugar a la medida cautelar solicitada. Se ordenó que los demandados y sus representantes se abstengan, mientras dure el proceso, de realizar nuevas intimaciones o notificaciones a personas distintas de la actora vinculadas con la deuda reclamada. No hubo pronunciamiento sobre costas.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Resulta pertinente recordar que las relaciones de consumo se caracterizan por una desigualdad estructural entre los proveedores y los consumidores o usuarios, que se expresa en la asimetría de información, en las diferencias de poder económico y negocial y, en definitiva, en la totalidad de las esferas de interacción. Este desequilibrio es el que justifica la protección adicional que el ordenamiento jurídico debe proporcionar a la parte más débil de dicha relación, en tanto que la preceptiva del consumidor tiende a paliar la desigualdad de las partes.

En ese entendimiento, la situación que denuncia la accionante, y que acredita con la documental aportada, resulta -prima facie- subsumible en el artículo 8 bis de la ley 24.361 que establece: “Trato digno. Prácticas abusivas. Los proveedores deberán garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los consumidores y usuarios. Deberán abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias…( )…En los reclamos extrajudiciales de deudas, deberán abstenerse de utilizar cualquier medio que le otorgue la apariencia de reclamo judicial. Tales conductas, además de las sanciones previstas en la presente ley, podrán ser pasibles de la multa civil establecida en el artículo 52 bis de la presente norma, sin perjuicio de otros resarcimientos que correspondieren al consumidor, siendo ambas penalidades extensivas solidariamente a quien actuare en nombre del proveedor”. (Artículo incorporado por art. 6° de la Ley N° 26.361, B.O. 7/4/2008)."

"En efecto, las múltiples intimaciones cursadas por la parte demandada a personas del entorno de la actora, en virtud de una presunta deuda, tanto por los términos en que han sido redactadas como por la asiduidad con que han sido remitidas, revisten apariencia judicial y evidenciarían una práctica abusiva de la demandada todo lo cual está expresamente prohibido por el ya mentado art. 8 bis de la ley 24.361. La situación descripta se agrava por la falta de explicitación del origen de la deuda y por dirigirse las intimaciones a personas distintas del presunto deudor.

Este modo de obrar comprobado sumariamente en la causa, valorado desde el prisma del elevado estándar de protección que corresponde dispensar a los consumidores y usuarios, y el escaso perjuicio que la modalidad de la medida peticionada es susceptible de acarrear respecto de los derechos de la contraparte, tornan procedente la medida cautelar peticionada."

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