FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS EN DEMOCRACIA, JUSTICIA Y SEGURIDAD c/ PROVINCIA DE TUCUMAN s/ AMPARO COLECTIVO

¿Quién es el actor?

Fundación Centro de Estudios en Democracia, Justicia y Seguridad.

¿A quién se demanda?

Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se impugna la constitucionalidad del art. 1, punto 3 de la ley 9.186 (que permitiría al Gobernador integrar ternas con postulantes fuera del orden de mérito) y se solicita la declaración de inconstitucionalidad y la protección de los derechos e intereses de la comunidad respecto de la selección de magistrados.

¿Qué se resolvió?

La Corte Suprema de Justicia de la Provincia declaró su competencia exclusiva para conocer del amparo colectivo y negó la medida cautelar solicitada por la Fundación (no suspende el trámite de los concursos Nº 175, 189 y 191).

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"De los antecedentes obrantes en autos, resulta que la Fundación Centro de Estudios en Democracia, Justicia y Seguridad promueve amparo colectivo en contra del Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán, solicitando ‘que se declare la inconstitucionalidad del art. 1, punto 3 de la ley 9.186 e impida la conculcación de derechos y garantías constitucionales y el derecho de la comunidad a contar con jueces capaces, independientes y que aseguren a la comunidad una actuación imparcial’."

"La cautelar que se solicita consiste en la suspensión preventiva del trámite de selección y designación mediante Acuerdo de la Legislatura, basada en la necesidad de evitar los perjuicios irreparables que se producirán en caso de continuar el procedimiento, lo que –además– provocará la nulidad insanable del mismo con mayores pérdidas en materia de costos y tiempo, y causando lesiones subjetivas concretas."

"Teniendo en consideración los fundamentos invocados, y lo dispuesto por los arts. 20 y 21 incs. 2° y 3° del Código Procesal Administrativo, en el estrecho margen de apreciación de los procesos cautelares, no resulta ostensible la verosimilitud del derecho que los actos impugnados aparejaren la ilegalidad alegada, la cual deberá ser meritada en oportunidad de resolver la pretensión principal. ... La sola lectura de los términos de la pretensión cautelar, da cuenta del grado de dificultad de la controversia lo que desvanece la verosimilitud del derecho invocado y no justifica -por el momento- la posibilidad de intervención cautelar, toda vez que los actos administrativos con los cuales intenta acreditar el fumus bonis iuris, esto es, ‘los Acuerdos del Consejo Asesor de la Magistratura’, gozan de presunción de legitimidad, salvo que estuviera afectado de un vicio que surja del mismo, y su fuerza ejecutoria faculta a la administración a ponerlo en práctica por sus propios medios. En las concretas circunstancias de la causa, no cabe perder de vista que la suspensión de la ejecutoriedad de los mismos podría resultar en un grave perjuicio para el interés público (art. 21 inc. ‘b’ CPA) relacionado con el proceso de integración de uno de los poderes del estado."

"En síntesis, más allá de su esfuerzo argumentativo, no logra demostrar la verosimilitud de su derecho, esto es, que la ley impugnada resulte palmariamente contraria a lo previsto en el art. 101 inc. 5° CP. En este contexto, y con toda la provisoriedad que es propia del juicio cautelar, hasta este momento no se advierten indicios suficientes para avanzar con el despacho de la medida cautelar solicitada."

¿Cómo votaron los jueces?

El dispositivo final firmado digitalmente por la Dra. Claudia Beatriz Sbdar (Presidenta), el Dr. Daniel Oscar Posse (Vocal) y el Dr. Carlos E. Giovanniello (Vocal), sin constancia de disidencia en el texto final. El bloque dispositivo declara competencia y rechaza la cautelar.