VELIZ CARLOS MIGUEL c/ PROVINCIA DE TUCUMAN (MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO) s/ NULIDAD/REVOCACION

¿Quién es el actor?

Véliz Carlos Miguel (parte actora).

¿A quién se demanda?

Provincia de Tucumán (Ministerio de Desarrollo Productivo).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Nulidad/Revocación de multas impuestas por violación de la Ley n.º 8304 (ordenamiento territorial de bosques nativos).

¿Qué se resolvió?

Se declaró inadmisible y, por ende, mal concedido el recurso de casación interpuesto por la actora contra la sentencia n.º 125 del 14/03/2025 de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo; costas a la parte recurrente; se reserva pronunciamiento sobre regulación de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Transcripción de los párrafos más relevantes (texto original del fallo):

"De acuerdo a las constancias de autos, la Cámara rechazó la demanda de nulidad que el actor planteó contra las decisiones administrativas que le impusieron una multa por violación de ley provincial de ordenamiento territorial de bosques nativos (Ley n° 8304). Entre otras consideraciones que sostienen su decisión (desarrolladas en los Considerandos, apartado III, secciones a., b. y c.), el Tribunal descartó el argumento de la actora referido a que, por la vigencia del DNU PEN 70/23 deban considerarse “inexistentes” los actos sancionatorios. La sala sentenciante señaló que dicha norma “no hace alusión taxativa a la Ley de Bosques o –en general– a materia ambiental” y “más allá de la inexistencia de regulación ambiental en el DNU en cuestión, no hay que perder el foco en que el acta de infracción fue labrada en fecha 14/08/2020 …. por lo tanto, la norma que consagra la sanción impuesta a la parte actora se encontraba vigente al momento en que se labró el acta de infracción” (Considerandos, apartado II. de la sentencia recurrida)."

"La parte actora se desentiende por completo de las motivaciones expuestas por el Tribunal en sus considerandos (ver apartado III, secciones a., b. y c.) para justificar la razón por la que no corresponde anular las multas que le fueron impuestas a la actora. El recurso simplemente invoca la propia interpretación de la actora respecto de los alcances del DNU 70/23, pero sin cuestionar ni criticar el criterio interpretativo de la Cámara, tal como fue transcripto en el párrafo precedente (ver Considerandos, apartado II de la sentencia recurrida). Los planteos del actor en su recurso se encuentran expresados de modo insuficiente y desvinculados de lo que, efectivamente, sostuvo el pronunciamiento impugnado para justificar su decisión. En efecto, sin hacer ninguna alusión a las razones que motivaron la interpretación de la Cámara sobre el DNU 70/23, el actor sostiene que “dicha interpretación es procedente en el caso de que el acta [cuya nulidad se persigue en este juicio] hubiere generado una reparación indemnizatoria para el estado provincial … en el caso de autos se trata de una sanción del estado provincial que es aprehendido por la doctrina inveterada de que siempre se aplica al imputado y/o sancionado la ley más benigna, en este caso el DNU presidencial y no la ley nacional 26.331”."

"Estas únicas manifestaciones del recurso resultan manifiestamente insuficientes para conformar una crítica concreta y razonada contra los argumentos en los cuales se sustenta la decisión contenida en la sentencia atacada. Así, el recurso incumple la exigencia del art. 808 del CPCyC puesto que, tal como señala el Ministro Fiscal en su dictamen “las alegaciones contenidas en el escrito recursivo resultan insuficientes para fundar error jurídico alguno ni arbitrariedad en la valoración de las constancias de la causa, pues de su lectura se colige que constituyen una mera discrepancia con las razones dadas por el Tribunal. Así las cosas, la recurrente no logra evidenciar el error de derecho contenido en el fallo que ataca. Tampoco ha sido puesto en evidencia que, en la apreciación de los hechos de la causa, el Tribunal se apartara de sus constancias o incurriera en absurdo o arbitrariedad. El análisis efectuado por el Tribunal de mérito no aparece lógicamente reprochable o carente de razonabilidad, toda vez que la sentencia exhibe una valoración razonada e integradora de todas las pruebas producidas en autos, y sus fundamentos discurren en una secuencia lógica que podrá o no ser compartida, pero en modo alguno autoriza su descalificación como acto jurisdiccional” (dictamen del 30 de junio de 2025)."

¿Cómo votaron los jueces?

La decisión fue adoptada por unanimidad: doctora Eleonora Rodríguez Campos (preopinante y fundamentadora), doctora Claudia Beatriz Sbdar y doctor Daniel Leiva votaron en idéntico sentido. No hay disidencias.