GUYOT ROBERTO EUGENIO c/ PROVINCIA DE TUCUMAN - HONORABLE LEGISLATURA DE TUCUMAN (JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS) s/ AMPARO

¿Quién es el actor?

Guyot Roberto Eugenio.

¿A quién se demanda?

Provincia de Tucumán - Honorable Legislatura de Tucumán (Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Acción de amparo para que se declare nulo el procedimiento de destitución seguido por el Jurado de Enjuiciamiento (con votación del 16/09/20 y fundamentos entregados el 23/09/20), que culminó en la decisión de separarlo del cargo; se solicita el reintegro al cargo de Magistrado de Ejecución de Sentencias Penales del Centro Judicial Capital y la declaración de inconstitucionalidad del artículo 39 de la Ley N° 8.734 y del artículo 51 inciso 1° del Código Procesal Constitucional de la Provincia.

¿Qué se resolvió?

Declarar la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán para conocer de la presente litis, en virtud del segundo párrafo del artículo 4° del Código Procesal Constitucional y considerando la naturaleza político-constitucional del acto atacado.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Que en los presentes autos el actor promueve acción de amparo en contra de la Provincia de Tucumán (Poder Legislativo-Jurado de Enjuiciamiento), con el objeto de que se declare nulo el procedimiento de destitución llevado a cabo en su contra por tal jurado y que culminare en votación de fecha 16/09/20, cuyos fundamentos fueran entregados en fecha 23/09/20. Requiere además que se ordene su reintegro al cargo de Magistrado de Ejecución de Sentencias Penales del Centro Judicial Capital, previa declaración de inconstitucionalidad del artículo 39 de la Ley N° 8.734 y del artículo 51 inciso 1° del Código Procesal Constitucional de la Provincia."

"Que, en lo que refiere a la naturaleza del Jurado de Enjuiciamiento, en Sentencia N° 888/2008 recaída en la causa 'Colegio de Abogados de Tucumán vs. Honorable Convención Constituyente de Tucumán s/ Inconstitucionalidad', se sentó la subsistencia en el instituto de ostensibles caracteres netamente políticos, lo que se advierte respecto al acto mismo de destitución -que culmina el proceso jurisdiccional no judicial de enjuiciamiento- de evidente naturaleza político-constitucional."

"En dicho pronunciamiento, siguiendo al ya aludido precedente 'Freidenberg', se señaló que el proceso ante el Jury no es un juicio penal; en él no se persigue castigar, sino separar del cargo, es decir, no se pretende juzgar un hecho como delictuoso, sino una situación de gobierno como inconveniente para el Estado. O sea, alejar del ejercicio del poder a quien es portador del mismo. Por eso, el juicio político termina y agota su objetivo cuando el funcionario se separa o ya no está en el cargo ... Es político, entonces, en razón de su esencial y directa vinculación con la organización de uno de los tres departamentos supremos del Estado Provincial -integración del Poder Judicial- y el acto que eventualmente culmine su faena genéricamente es estatal y, por ende, propio del derecho público local y específicamente, por su contenido o materia, de naturaleza político constitucional y no de índole administrativa ni tributaria."

"Que, con atención a tales parámetros, la acción intentada en la especie desborda claramente la materia administrativa o tributaria, y por ello, la pretensión deducida por el actor queda contenida en el segundo párrafo del artículo 4° del CPC, siendo su conocimiento de competencia exclusiva y originaria de la Corte Suprema de Justicia."

¿Cómo votaron los jueces?

El pronunciamiento dispositivo final declara la competencia originaria de la Corte y está firmado digitalmente por los tres vocales que integran el Tribunal (Dr. Juan Ricardo Acosta; Dra. María Florencia Casas; Dr. Sergio Gandur), por lo que la decisión es de la mayoría (3/3).