MINISTERIO PUBLICO FISCAL c/ PROVINCIA DE TUCUMAN s/ ACCION DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD

¿Quién es el actor?

Ministerio Público Fiscal, titular del Ministerio Público Fiscal.

¿A quién se demanda?

Provincia de Tucumán (Poder Legislativo como autor de la norma).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se solicita que se declare la inconstitucionalidad de los arts. 2 a 17 de la Ley Provincial Nº 9.188 (adhesión al art. 34 de la Ley Nacional Nº 23.737 / proceso de “desfederalización”) y, en subsidio, la concesión de una medida cautelar para suspender la aplicación de la ley en el ámbito provincial hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar a la medida cautelar peticionada y se dispuso suspender la aplicación en la Provincia de Tucumán de la Ley Nº 9.188 y sus modificatorias hasta tanto se resuelva la presente acción.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Se observa que la materia a la que refiere la Ley Nacional Nº 23.737 fue objeto de tratamiento en diferentes tratados internacionales celebrados por nuestro país. En ese sentido, se recuerda que Argentina asumió compromisos frente a la comunidad internacional en materia de estupefacientes, destacándose la 'Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes', enmendada por el Protocolo de 1972, adoptada por la conferencia de las Naciones Unidas reunida a tal efecto el 30 de marzo de 1961 y ratificada por la República Argentina mediante Dec.-Ley Nº 7672/63 (Ley Nº 16.478) y la 'Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas' del 20 de diciembre de 1988, ratificada por Argentina mediante la sanción de la Ley Nº 24.072."

"La verosimilitud del derecho encuentra sustento cuando se analiza que la inconstitucionalidad de la Ley Provincial Nº 9.188 podría referirse exclusivamente a su aplicación en el actual contexto fáctico de nuestra provincia, es decir, en iniciar la implementación del proceso de 'desfederalización' de la competencia regulada en el art. 2º de la Ley Nº 26.052, sin que se haya efectuado la transferencia de los créditos presupuestarios en los términos del art. 5º de la Ley Nº 26.052, dado que ello podría contrariar lo normado por el art. 75 inc. 2º penúltimo párrafo de la Constitución Nacional. Es que la ausencia de transferencia real de los recursos, podría comprometer la constitucionalidad de la norma en su aplicación concreta, en tanto el funcionamiento del nuevo sistema requeriría una transferencia integral de los recursos, es decir, no basta con la creación de nuevas Fiscalías de Instrucción, sino que se podría requerir toda una estructura destinada a llevar adelante la tarea (laboratorios, juzgados, capacitación del personal, etc.)."

"En cuanto al requisito consistente en el peligro en la demora, interpretamos que también se encuentra configurado en la especie, toda vez que teniendo en cuenta que la Ley Nº 9.122 dispone que la transferencia de las competencias regulada en el art. 2º de la Ley Nº 26.052 comenzará a regir el día 1 de Septiembre de 2020 (conf. art. 2 de la Ley Nº 9.122, que sustituyera el art. 17 de la ley 9.188), resulta evidente la inminencia del riesgo invocado por la parte actora, pudiéndose concretar un perjuicio irreparable para nuestra provincia en general y para el fuero penal de nuestro sistema de justicia en particular."

"Que en mérito a lo expuesto ut supra y teniendo en cuenta el alcance de la pretensión cautelar desarrollada por la parte actora, encontrándose acreditados, prima facie, los extremos legales exigidos por la normativa vigente en la materia, interpretamos pertinente y ajustado a derecho, dictar resolución favorable a lo solicitado, disponiendo el otorgamiento de la medida cautelar solicitada, esto es, se suspenda la aplicación en el ámbito de la Provincia de Tucumán de la ley nº 9.188. En consecuencia, se ordena suspender la aplicación de la ley nº 9.188 y sus modificatorias en la Provincia de Tucumán."

¿Cómo votaron los jueces?

La sentencia se encuentra suscripta digitalmente por la Presidenta Dra. Claudia Beatriz Sbdar y los Dres. Antonio D. Estofán, Daniel O. Posse y Daniel Leiva; la Dra. Eleonora Rodríguez Campos se excusó. El bloque dispositvo acordó la suspensión cautelar conforme se transcribe en el fallo.