BULDURINI VICTOR GUIDO c/ HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN s/ NULIDAD

¿Quién es el actor?

Víctor Guido Buldurini.

¿A quién se demanda?

Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Tucumán (HTC).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Nulidad/Revocación del Acuerdo N° 3638/HTC/2011 (clausura del juicio de responsabilidad y sanción de multa $30.000 e inhabilitación por 3 años) y nulidad del Acuerdo N° 654/HTC/2012 (rechazo por extemporáneo del recurso de reconsideración).

¿Qué se resolvió?

Se rechazó la demanda y se confirmó la validez del Acuerdo N° 3638/HTC/2011 en cuanto dispone la clausura del juicio de responsabilidad sin imputación patrimonial (por aplicación del principio in dubio pro responsable) y la imposición de sanciones previstas en el art. 172 de la LAF; asimismo, se consideró resuelta implícitamente la cuestión relativa al Acuerdo N° 654/HTC/2012 por la sentencia previa que declaró la inconstitucionalidad del art. 169 LAF y habilitó la instancia judicial.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

1) Sobre la aplicación del principio de los actos propios y la distinta órbita de responsabilidades:

“La doctrina de los actos propios surge de un principio general del derecho por el cual ‘…se consagra la imposibilidad jurídica de pretender actuar en contra de los propios actos, decisiones o comportamientos previos…’ … Delimitado teóricamente el principio en discusión se vislumbra que no es aplicable al caso. Ocurre que, pese a los esfuerzos discursivos del actor, no se puede predicar que existe una unidad de situación jurídica entre la conducta inicial -supuestamente plasmada en los Acuerdos N° 1327/HTC/2000 y 1335/HTC/2001- y el accionar posterior -Acuerdo N° 3638/HTC/2011- seguido por HTC.”

“En suma, al tratarse de órbitas de responsabilidad diferentes que tutelan bienes jurídicos diferentes es posible que un servidor público pueda ser exento de responsabilidad en un juicio de cuentas sin que tal circunstancia obste a que posteriormente sea declarado como tal en un juicio de responsabilidad sustanciado ante el mismo Tribunal.”

2) Sobre la aplicación del principio in dubio pro responsable y la naturaleza de la sanción:

“Pareciera que el accionante no advierte que la decisión punitiva del tribunal obedeció a un supuesto legal diferente a aquel que habilita a sancionar por incurrir en responsabilidad patrimonial. No contempla que el HTC dispuso su sanción como consecuencia de que en el marco del juicio de responsabilidad se comprobó que incurrió en transgresiones legales e irregularidades administrativas que el artículo 172 de la LAF habilita a sancionar.”

“Si aún quedara alguna duda sobre el punto, basta con leer el artículo N° 1 del acuerdo para entender que el principio in dubio pro responsable fue aplicado por el HTC, así decidió ‘DISPONER la clausura del Juicio de Responsabilidad iniciado por Acuerdo n° 960 HTC-00 … sin imputación de responsabilidad por aplicación del principio ‘in dubio pro responsable’…’”

“Sin perjuicio de ello, y en atención a lo dispuesto por el art. 172 de la Ley 6.970 ante las flagrantes irregularidades administrativas y transgresiones legales y reglamentarias detectadas… corresponde aplicar … la sanción de Multa … además de la sanción accesoria de inhabilitación por el término de tres (03) años para el ejercicio de la función pública, conforme el art. 172 de la Ley 6.970.”

3) Sobre la alegación de violación del plazo razonable y denegatoria de prueba:

“El derecho a ser juzgado en un plazo razonable… debe analizarse integralmente: i) la complejidad del asunto, ii) la conducta de las autoridades, iii) la actividad procesal del interesado, iv) la afectación generada a la situación jurídica… El test de razonabilidad aplicado no permite concluir existió una violación a la garantía invocada.”

“En consecuencia no se advierte lesión al debido proceso legal, ni en el particular de los cuadernos de pruebas ofrecidos por su parte en el descargo (n° 12 y 13), ni el trámite del expediente.”

4) Sobre la constitucionalidad del art. 172 LAF:

“La asimilación propuesta [por el actor] no reconoce que el artículo 172 de la LAF contiene un dispositivo normativo particular, el cual habilita al HTC, en el marco de la sustanciación de un juicio de responsabilidad, a sancionar al inculpado que incurrió en transgresiones legales o reglamentarias o irregularidades administrativas. … Por ello, en mérito a los argumentos mencionados no se vislumbra de qué manera el artículo 172 de la LAF es repulsivo al orden constitucional.”

¿Cómo votaron los jueces?

Sentencia firmada por los Vocales Dr. Daniel Leiva, Dra. Eleonora Rodríguez Campos y Dr. Carlos Giovanniello; se sigue lo acordado en el bloque dispositivo final (mayoría que rechaza la demanda). No se registran disidencias relevantes en el dispositivo.