VILUCO S.A. c/ PROVINCIA DE TUCUMAN - D.G.R. - s/ NULIDAD / REVOCACION

¿Quién es el actor?

Viluco S.A.

¿A quién se demanda?

Provincia de Tucumán (Dirección General de Rentas y Tribunal Fiscal de Apelación).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Nulidad del Acta de Deuda N° A 504-2013 y de la Resolución N° D 550/18 (07/11/2018) y la Resolución N°760/19 (17/09/2019) que confirmaron ajuste fiscal por Impuesto sobre los Ingresos Brutos como agente de retención respecto de los períodos 01 a 12/2009; subsidiariamente, prescripción e inconstitucionalidad de normas.

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar a la demanda y se declaró la nulidad del Acta de Deuda N° A 504-2013, de la Resolución N° D 550/18 y de la Resolución N°760/19; costas a la Provincia; se reserva la regulación de honorarios. Quedó inoficioso expedir sobre prescripción e inconstitucionalidad.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

1) “Por todo lo expuesto hasta aquí, se concluye que es procedente hacer lugar a la demanda interpuesta por la razón social Viluco S.A. contra la Provincia de Tucumán, y en consecuencia declarar la nulidad del Acta de Deuda N° A 504-2013 y de la Resolución N° D 550/18 del 07/11/2018, ambas emanadas de la Dirección General de Rentas de Tucumán, y de la Resolución N° 760/19 de fecha 17/19/2019, dictada por el Tribunal Fiscal de Apelación de Tucumán. El resultado arribado torna inoficioso expedirme sobre el planteo de prescripción, inconstitucionalidad y demás argumentos y posturas expresadas por las partes.”

2) “...la falta de integración con la participación del contribuyente u obligado principal en el procedimiento administrativo de determinación, descalifica al acto de determinación practicado y lo vicia de nulidad en los términos del artículo 48 de la Ley N°4.537, en tanto fue emitido en violación de las formas esenciales del proceso, transgrediéndose así el derecho de defensa en juicio y la garantía del debido proceso...”

3) “...la DGR cuenta en su base de datos con la información específica sobre tales obligados principales, es decir, goza de la posibilidad cierta de acceder a los datos fehacientes que hacen no solo a la identificación de cada uno de aquellos, sino además en relación al cumplimiento de su parte del deber formal de presentación de sus DDJJ y el consecuente pago del impuesto. ...la búsqueda de la verdad material le imponía a la autoridad de aplicación la insoslayable necesidad de confirmar la veracidad de la postura asumida por aquella...”

¿Cómo votaron los jueces?

decisión unánime de la Sala Iª (Dres. Ebe López Piossek y Sergio Gandur). El voto de la Dra. López Piossek expone los fundamentos y el Dr. Gandur adhiere “en idéntico sentido”.