CONSORCIO DE PROPIETARIOS DE LOMA LINDA COUNTRY CLUB SOCIEDAD CIVIL c/ PETROS GUILLERMO s/ MEDIDA CAUTELAR (RESIDUAL)

¿Quién es el actor?

CONSORCIO DE PROPIETARIOS DE LOMA LINDA COUNTRY CLUB SOCIEDAD CIVIL.

¿A quién se demanda?

PETROS GUILLERMO (letrado Guillermo Petros, por derecho propio actúa como recurrente).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Medida cautelar residual (embargo preventivo) para asegurar el cobro de honorarios profesionales derivados de un acuerdo/transacción entre las partes.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de apelación contra la sentencia de fecha 01/07/2019 que no hizo lugar a la cautelar solicitada; se confirmaron las costas por su orden y se prevén honorarios para su oportunidad.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"1.- Vienen los autos a conocimiento y decisión del Tribunal, por el recurso de apelación interpuesto por letrado Guillermo Petros, por derecho propio, contra la sentencia de fecha 01 de julio de 2019 (fs. 43) dictada por el Sr. Juez Civil y Comercial de la 8ª Nominación, que no hizo lugar a la cautelar solicitada por su parte.

... Concretamente, cuestiona que el Sr. Juez de grado rechace la cautelar circunscribiendo la misma al inciso a) del art. 233, cuando su parte no ha fundado el pedido en dicho inciso, sino en el inciso c), en tanto su crédito proviene de un contrato o convenio de honorarios profesionales celebrado por ambas partes, cuyas firmas se encuentran certificadas por el actuario del juzgado interviniente."

"2.- Los agravios expuestos por la recurrente no logran desvirtuar los fundamentos del fallo apelado, pues no resultan suficientes a la hora de acreditar la concurrencia de los presupuestos de admisibilidad de la medida cautelar que se le denegara (art. 218 CPCC).

Mas allá de que la cautelar fuera solicitada en los términos del inciso c) del art. 233 CPCC, lo cierto es que no se encuentra satisfecho el requisito de verosimilitud del derecho. En efecto, el acuerdo transaccional al que arribaron las partes, cuyas firmas fueron realizadas ante el actuario, se encuentra pendiente de homologación judicial (arts. 200/202 CPCC). Si bien la transacción como negocio jurídico material, surte sus efectos propios desde el momento de la presentación del escrito o de la suscripción del acta ante el juez, ella se integra, procesalmente, mediante la homologación judicial. Una vez homologada la transacción, tiene calidad de cosa juzgada. (cfr. BOURGUIGNON – PERAL, Cód. Proc. Civ. y Com. de Tuc., Comentado, T.I-A, p.738). Así las cosas, la presunción prevista por la citada norma no puede concretarse mientras el Juez de la causa no haya examinado la validez de los términos del acuerdo celebrado."

"2.- ... Tampoco se encuentra justificado el peligro en la demora, presupuesto que debe juzgarse con criterio objetivo o que debe derivar de hechos que puedan ser apreciados, incluso, por terceros. En el sublite, el peticionante sólo manifiesta su temor fundado en la circunstancia de que la sociedad se encuentra intervenida judicialmente, pero no demuestra peligro de insolvencia. En efecto, no existe constancia alguna de que la actora haya intentado o intente ocultar su patrimonio o hacerlo desaparecer para evadir su responsabilidad en este litigio, menos aún puede deducirse este recaudo de la circunstancia de existir otros procesos contra la misma firma, mientras tanto no haya recaído sentencia firme en estos procesos."

¿Cómo votaron los jueces?

La sentencia fue dictada por dos miembros del Tribunal con coincidencia de votos entre el primer y segundo votante; el bloque dispositivo final dispone expresamente "NO HACER LUGAR al recurso de apelación..." (resolución mayoritaria).