ECHEZARRETA DE AGUNDEZ ELIDA C/ SUP.GOBIERNO DE LA PCIA. DE SAN LUIS - DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD

¿Quién es el actor?

ECHEZARRETA DE AGUNDEZ, Elida.

¿A quién se demanda?

Superior Gobierno de la Provincia de San Luis (representado por la Fiscalía de Estado).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Ejecución de sentencia con intimación de pago de la suma de $42.809,92 y/o acción de inconstitucionalidad frente a normas y tramitación exigida para ejecuciones contra el Estado provincial.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el Recurso de Reposición interpuesto por la Fiscalía de Estado, quedando vigente la resolución del Sr. Presidente de fs. 484 de fecha 20/12/2013 que intimó el pago y ordenó continuar los autos; se impusieron las costas de la revocatoria a la demandada vencida (art. 69 C.P.).

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"7) Por todo lo expuesto se estima que corresponde rechazar el Recurso de Reposición interpuesto por la Fiscalía de Estado, dejando vigente la resolución del Sr. Presidente de fs. 484 de fecha 20/12/13 y mandando seguir los autos según su estado.

Asimismo que, corresponde imponer a la demandada vencida las costas de la Revocatoria que se rechaza (art. 69 del Código Procesal), por no existir causal válida de eximición ante la innumerable cantidad de sentencias de este Tribunal, resolviendo casos semejantes.

Por ello, SE RESUELVE: I) Rechazar el Recurso de Reposición interpuesto por la Fiscalía de Estado, dejando vigente la resolución del Sr. Presidente de fs. 484 de fecha 20/12/13 y mandando seguir los autos según su estado. II) Costas de la Revocatoria a la demandada vencida (art. 69 del Código Procesal). REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE."

"10) Que no puede afirmarse que en el sub lite no ha transcurrido el plazo previsto en el art. 2° de la ley 5071, cuando la fiscal de Estado de la provincia, en su carácter de representante legal del Estado provincial y del titular del Poder Ejecutivo, ha sido notificada de la sentencia recaída en estas actuaciones el 13 de diciembre de 1996 (ver fs. 85 y 93). Mal puede sostenerse que el plazo para cumplir con la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en ejercicio de su jurisdicción originaria debe computarse desde un reclamo administrativo impuesto por una disposición local no invocable en esta instancia."

"12) Que igualmente inconducente es la invocación de que el acreedor debe someterse al nuevo procedimiento local para lograr la previsión legislativa correspondiente. Debe destacarse que admitir esa posición, esgrimida por el Estado provincial, importaría asentir que por medio de disposiciones provinciales se afectase la distribución de competencias establecidas en la Constitución Nacional, lo que resulta inaceptable ... La aplicación de un límite, aun temporal, que afecte la ejecución, queda abarcada por el principio más general ya tantas veces referido de que por medio de la legislación ordinaria no puede obstaculizarse esta jurisdicción constitucional."

(No hubo voto en disidencia relevante consignado en el dispositivo.)