CAPONIO TULIO ENRIQUE c/ SORAIRE ELIANA LORENA T OTRO s/ SUMARISIMO (RESIDUAL)

¿Quién es el actor?

Tulio Enrique Caponio.

¿A quién se demanda?

Eliana Lorena Soraire, Luis Ceferino Eduardo Íñigo y Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Indemnización por daños materiales, pérdida de tiempo y gastos (gastos administrativos y legales), privación de uso, daño moral y daño punitivo derivados de accidente de tránsito ocurrido el 20/08/2021. Se reclamó globalmente $50.000 para los rubros de tiempo y gastos; además se reclamó reparación por daños materiales ($249.335 en demanda) y daño punitivo (estimativo $50.000).

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar al recurso de apelación de la aseguradora; se revocó la sentencia de primera instancia respecto de los rubros "gastos administrativos y legales", "daño moral" y "daño punitivo" (se rechazan). Se redujo la condena por privación de uso al monto reclamado por el actor ($50.000) más intereses fijados en la sentencia apelada. En lo demás la sentencia de primera instancia se confirmó. Se impusieron costas de alzada conforme lo fundado y se reservó pronunciamiento sobre honorarios. Votos: dos (Acosta y Moisá) por revocar parcialmente; Zamorano en disidencia por confirmar la sentencia de grado. Sent. final 28/05/2026, N° 1132.

Fundamentos principales de la decisión (textos transcritos del fallo, lenguaje original del tribunal; se incluyen los párrafos más relevantes):

"Los gastos originados en la actuación judicial y en el asesoramiento profesional que ella demanda encuentran su cauce específico en la condena en costas, instituto que el ordenamiento prevé precisamente para cubrir esas erogaciones. Admitirlos simultáneamente como rubro indemnizatorio autónomo importa una duplicación que el régimen legal no autoriza. La propia cuantificación adoptada por el a quo —el valor de dos consultas de abogado como parámetro— confirma que lo reconocido bajo este rótulo es, en sustancia, lo que las costas ya cubren."

"Si bien la pretensión no ha sido formulada en términos tan claros y no se utilizó expresamente el rótulo de 'privación de uso', lo cierto es que al peticionar una suma en concepto de 'gastos administrativos varios, gastos legales y del proceso civil y otras cuestiones referidas a la imposibilidad de uso del vehículo', puede inferirse —con base en el principio iura novit curia y en atención a la finalidad resarcitoria integral del proceso civil— que el actor pretendió obtener reparación por el tiempo durante el cual el vehículo permaneció fuera de uso... No obstante, al haberse formulado el reclamo por una suma única y determinada, sin fórmula abierta que habilite su adecuación al resultado de la prueba, el reconocimiento del rubro debe ceñirse a dicho monto."

"La procedencia del daño moral requiere la acreditación de un hecho con entidad suficiente para provocarlo, a partir del cual pueda inferirse la existencia del padecimiento espiritual. Esa inferencia no opera de manera automática sino que debe sustentarse en el conjunto de las probanzas de la causa... En el caso, ese estándar no se verifica. No obra en la causa prueba testimonial, documental ni pericial que acredite que el actor padeció un sufrimiento anímico autónomo y relevante."

"El daño punitivo del art. 52 bis de la LDC constituye una sanción civil de carácter excepcional. Su procedencia exige la concurrencia de un elemento subjetivo cualificado: dolo, culpa grave o, cuando menos, una conducta que evidencie un grave desprecio por los derechos del consumidor... Las constancias de la causa descartan la configuración de ese estándar. Surge del propio reconocimiento del actor en su demanda que la aseguradora no ignoró el reclamo sino que le dio trámite: asignó número de siniestro, encargó una inspección pericial del vehículo y formuló una propuesta indemnizatoria extrajudicial."

¿Cómo votaron los jueces?

El Vocal Dr. Álvaro Zamorano votó en disidencia y propuso confirmar la sentencia de primera instancia en todos sus términos, sosteniendo la corrección en la admisión y cuantificación de los rubros (gastos de trámites, privación de uso, daño moral y punitivo) en el marco protector de la Ley de Defensa del Consumidor y argumentos sobre reparación plena y parámetros de cuantificación.