YPF SOCIEDAD ANONIMA c/ COMUNA DE DELFIN GALLO Y OTRO s/ NULIDAD/REVOCACION

¿Quién es el actor?

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad Anónima (YPF S.A.).

¿A quién se demanda?

Comuna de Delfín Gallo (y otro).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Declaración de nulidad de las resoluciones de la Comuna de Delfín Gallo de fecha 15/11/2000 y 18/5/2001 que determinaron una deuda fiscal a YPF en concepto de "Contribución que Incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y/o de Servicios" (CIACIS) por los períodos 12/1998 a 04/2000.

¿Qué se resolvió?

No hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la actora contra la Sentencia Nº 243 de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo (24/4/2019). Imposición de costas a la recurrente; reserva de regulación de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"V.1- El cuestionamiento que la actora hace a la aplicación del instituto de la cosa juzgada en materia de prescripción no puede prosperar, por los motivos que a continuación se pasan a desarrollar.

A modo preliminar resulta conveniente recordar que, partiendo de la habilitación dispensada por la ley de rito (cfr. art. 34 in fine del CPCyC), es criterio consolidado de este Alto Tribunal que, aún en ausencia de planteo de parte, la cosa juzgada puede ser considerada de oficio por el juez una vez advertida su existencia, pues ello responde a una consideración esencial del orden público tendiente, en última instancia, a asegurar la paz y el orden social evitando que entre las partes los debates se renueven indefinidamente (cfr. arg. CSJT: 26/11/1992, “David José A. vs. Perfecto Otero s/ Rescisión de boleto”, Sentencia Nº 26; 07/8/1997, “Sucesión de Gramajo Juan José y otros vs. Fernández Yolanda Victoria s/ Acción posesoria de restitución”, Sentencia Nº 602; 26/11/1998, “L.A.Y.O. s/ Divorcio vincular”, Sentencia Nº 886; 06/7/2004, “Juárez José Rolando y otros vs. Gobierno de la Provincia de Tucumán s/ Contencioso administrativo”, Sentencia Nº 499; 02/6/2006, “Banca Nazionale del Lavoro S.A. vs. George Gustavo Adolfo y otra s/ Ejecución hipotecaria”, Sentencia Nº 465; entre muchas otras).

Tras señalar que cualquiera fuera la sentencia que recaiga en el juicio ejecutivo, el ejecutante o el ejecutado podrán promover el juicio de conocimiento posterior, en el que cabe hacer valer toda defensa o excepción que, por la ley, no fuese admisible en el primero, el artículo 527 del CPCyC es categórico al establecer que “no corresponderá el nuevo proceso para el ejecutado que no oponga excepciones, respecto de las que legalmente puede deducir”, y al disponer que “tampoco se podrán discutir nuevamente las cuestiones de hecho debatidas y resueltas en el juicio ejecutivo, cuya defensa o prueba no tuviese limitaciones establecidas por la ley, ni las interpretaciones legales formuladas en la sentencia”.

A la luz de la norma procesal antes citada y teniendo en cuenta que la de prescripción es una de las excepciones que -de modo expreso y taxativo- la ley autoriza a oponer durante el trámite del juicio de ejecución (cfr. art. 517 inc. 6 del CPCyC), resulta plenamente ajustada a derecho y, por tanto, inconmovible en casación, la conclusión del A quo en cuanto a que el rechazo de dicha defensa mediante Sentencia Nº 63/2011, impide un nuevo tratamiento de la cuestión, por haber quedado firme y pasada en autoridad de cosa juzgada la decisión que sobre el punto adoptara la Sala II de la Excma. Cámara de Documentos y Locaciones."

"V.2- Igualmente inatendible resulta el agravio vinculado a la cuestión constitucional suscitada en autos, puesto que el razonamiento impugnativo que allí se sigue está enervado por una doble mal interpretación, en cuanto a la naturaleza del tributo tachado en la demanda y respecto al alcance de la potestad recaudatoria de las comunas rurales.

A propósito de la primera cuestión, y ante la insistencia de la parte actora de reputar al CIACIS como una tasa, esto es, un tipo de tributo vinculado, cabe recordar lo que se expusiera en esta misma causa (cfr. Sentencia Nº 994/2017 de fs. 619/625) en cuanto a que “las disposiciones de una ley o reglamento deben apreciarse con arreglo a su naturaleza intrínseca, antes que con sujeción a la denominación asignada por el legislador”; pues es principio aceptado desde antiguo por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que “no importa la calificación que se utilice para denominar la realidad de las cosas si se advierte que las instituciones jurídicas no dependen del nomen juris que se les dé o asigne por los otorgantes del acto o el legislador, incluso, sino de su verdadera esencia jurídica económica, y, entonces, cuando medie ausencia de correlación entre nombre y realidad deberá desestimarse el primero y privilegiarse la segunda, o, lo que es equivalente, los caracteres que la ciencia del derecho exige para que se configuren los distintos hechos y actos jurídicos (cfr. Fallos 318:676 y sus citas).

Desde esa perspectiva resulta evidente el desajuste del mencionado argumento recursivo para con la realidad de las cosas. En efecto -como se adelantara en oportunidad de la primera casación y fuera remarcado por el tribunal de reenvío- la forma en que se encuentra estructurado el hecho imponible descripto en el artículo 146 del CTC, en tanto incluye actividades de parte de la Comuna (“contralor, seguridad, higiene, salubridad, moralidad o cualquier otro, no retribuido por una contribución especial”) que no se encuentran individualizadas en el contribuyente sino que benefician a la comunidad en general, conduce incontrastablemente a descartar que lo que allí se tipifica sea un tributo vinculado..."

¿Cómo votaron los jueces?

Mayoría integrada por las señoras y señores Vocales Eleonora Rodríguez Campos, Antonio D. Estofán y Daniel Leiva; la Dra. Claudia Beatriz Sbdar y el Dr. Daniel Oscar Posse firmaron en disidencia según el encabezamiento y rubricación final.