MUNICIPALIDAD DE JUANA KOSLAY C/ BERRIOS PAULA ROMINA- S/ EXPROPIACION DE URGENCIA- RECURSO DE APELACION.-

¿Quién es el actor?

Fiscalía de Estado (actora que representa los intereses municipales/provinciales en el expediente; la presentación inicial refiere a la Municipalidad de Juana Koslay como parte ejecutada y la Sra. Berrios como acreedora).

¿A quién se demanda?

Partes contrapuestas en autos (la actora interpone recurso contra las resoluciones que ordenaron el embargo solicitado por la acreedora —Sra. Berrios— y dirigidas a la Municipalidad de Juana Koslay).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se impugnan providencias de 5 y 6 de mayo de 2014 que ordenaron trabar embargo sobre las acreencias que la Municipalidad percibe en concepto de coparticipación; la actora invoca el régimen de inembargabilidad previsto por las leyes nacionales 24.624 y 25.973 y la ley provincial VIII-0791-2011/ordenanza municipal 607-HCDJK/2012.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso directo de apelación interpuesto por la actora y se confirmó la sentencia interlocutoria apelada, con costas. Además, por mayoría, se declaró la inconstitucionalidad de las Leyes Nacionales Nº 25.973 y de los arts. 19 y 20 de la Ley Nº 24.624; la inconstitucionalidad de los arts. 2 y 4 de la Ley Provincial Nº VIII-0791-2011; la inconstitucionalidad de los arts. 1, 2 y 4 de la Ley Nº V-0149-2004; se declaró la no vigencia de la Ley Provincial Nº VIII-0674-2009; y se ordenó comunicar tales declaraciones conforme al art. 10 de la Constitución Provincial.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

(a) Fragmentos textuales relevantes de la sentencia (transcripción literal de pasajes seleccionados):

“Que de lo antes expuesto, puede concluirse que los artículos 1, 2 y 4 de la ley V-0149-2004 son violatorios del orden constitucional, al ser contrarios a lo dispuesto en el art. 12 de la Carta Magna Provincial.”

“Que en mérito a la brevedad, me remito a la Sentencia que dictara la Cámara 4ª. de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba, el 9 de abril de 2007, en autos: ‘Ponce, Lucas Rafael c/ Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiro de Córdoba’ ... ‘No existe tutela judicial efectiva si no puede exigirse coactivamente el cumplimiento de las sentencias dictadas contra el Estado’.”

“Por todo lo expuesto y oído al Sr. Procurador General SE RESUELVE: I) Rechazar el Recurso Directo de Apelación interpuesto por la actora, confirmando la Sentencia Interlocutoria apelada, con costas (arts. 68 y 69 del Cód. Procesal Civil y Comercial). II) Declarar la inconstitucionalidad de las Leyes Nacionales N° 25.973 y de los arts. 19 y 20 de la Ley N° 24.624. III) Declarar la inconstitucionalidad de los arts. 2 y 4 de la Ley N° VIII-0791-2011, cumplimentando la previsión del art. 10 de la Constitución de la Provincia. IV) Declarar la inconstitucionalidad de los arts. 1, 2 y 4 de la Ley N° V-0149-2004. V) Declarar la no vigencia de la Ley Provincial N° VIII-0674-2009. VI) Cumplimentar lo dispuesto por el art. 10 de la Constitución de la Provincia...”

(b) Criterio mayoritario: el Tribunal entendió que las normas provinciales y nacionales que pretenden establecer un régimen absoluto de inembargabilidad o modificar el dies a quo previsto por el art. 12 de la Constitución Provincial resultan contrarias a la Constitución de San Luis y vulneran la tutela judicial efectiva; por ello fueron declaradas inconstitucionales en los términos indicados. En particular, se sostuvo la vigencia operativa del art. 12 constitucional provincial que permite embargo de rentas si la Legislatura no arbitra medios para el pago dentro de los seis meses desde que la sentencia queda firme, y se rechazó la aplicación automática de las normas nacionales en la provincia en ese punto.

(c) Voto en minoría: El Dr. Oscar E. Gatica votó por hacer lugar al recurso de apelación, entendiendo vigente la ley provincial VIII-0791-2011 (prorrogada por Decreto 9634-MHyOP-2013) y sosteniendo que el régimen de inembargabilidad no es absoluto y debe interpretarse en armonía con el ordenamiento; sin embargo, la mayoría resolvió en sentido contrario y se pronunció por la inconstitucionalidad de las normas indicadas.