PROVINCIA DE TUCUMAN -DGC- c/ HONORATO RODRIGO s/ EJECUCION FISCAL
La Provincia de Tucumán interpuso ejecución fiscal reclamando $1.827,10 por multa y apeló por la imposición de costas tras admitirse la excepción de pago total. La Cámara declaró la inconstitucionalidad de los arts. 104 inc.7 y 176 de la Ley 5.121, confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la excepción de pago y confirmó la imposición de costas a la actora por litigio temerario en segunda instancia.
¿Quién es el actor?
Provincia de Tucumán – DGC.
¿A quién se demanda?
Honorato, Rodrigo.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Ejecución fiscal por multa por $1.827,10 (Boleta de Deuda Nº 886/2011) por infracción a la Ley de Valuaciones Nº 7971 y art. 77 de la Ley 5121; se persigue el pago de la multa.
¿Qué se resolvió?
Se confirmó la sentencia de fecha 23/10/2013 que hizo lugar a la excepción de pago total del demandado, rechazó la ejecución y sostuvo que las costas de primera instancia correspondían a la actora. Además, la Cámara declaró inconstitucionales el art. 104 inc.7 y el párrafo del art.176 de la Ley Nº 5.121 y condenó en costas a la actora en segunda instancia por haber agravado pese al precedente de la Suprema Corte provincial.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"… los artículos de la norma tributaria local que consagran como presupuesto jurídico la obligación de comunicar el pago (art. 104 de la Ley N° 5.121) y como consecuencia jurídica de aquel, la imposición de costas aún cuando el pago fuere anterior a la demanda (art. 176 de la misma ley, primer párrafo posterior a la enumeración de los medios extintivos), desvirtúan el derecho de fondo y resultan violatorios del art. 75 inc. 12 de la Constitución Nacional por extralimitarse y avanzar sobre facultades exclusivamente reservadas al Congreso de la Nación".
"Debe tacharse como norma válida por inconstitucional, la norma provincial que extralimitándose en su competencia, legisle sobre materias delegadas al Congreso de la Nación en virtud del artículo 75 inciso 12 de la Constitución Nacional y con tal regulación desvirtúe el instituto del pago al enervar su carácter extintivo y liberatorio, lesione el derecho del deudor incorporado a su patrimonio bajo la protección del artículo 17 de la Constitución Nacional e implique una flagrante violación del principio de razonabilidad que surge de los artículos 28 y 33 de la Constitución Nacional".
"El pago es un acto jurídico que produce en forma simultánea la extinción del crédito y la liberación del deudor. Ese efecto cancelatorio del pago es definitivo, categórico y, en consecuencia, irrevocable. A la vez, el deudor se libera de la obligación y ese efecto liberatorio implica un derecho, que se incorpora al patrimonio del deudor y goza de la protección garantizada por el art.17 de la Constitución Nacional."
"I) DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD del art.104 inc.7 de la Ley nº5121 …; y del art.176 de la Ley nº5121, en el párrafo que dispone: 'Los pagos efectuados después de iniciado el juicio, o no comunicados por el contribuyente y/o responsable con precedencia al inicio del proceso, en la forma que establezca la autoridad de aplicación, no serán hábiles para fundar la excepción. Acreditada la existencia de los pagos en autos se procederá al archivo del expediente y/o reducción del monto del demandado, con costas al ejecutado'."
"II) NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra el segundo punto de la sentencia de fecha 23 de octubre de 2013 (fs. 68/69), la que se confirma."
"III) COSTAS de segunda instancia a la parte actora conforme fue considerado."
¿Cómo votaron los jueces?
El dispositivo final del fallo adopta la doctrina de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Provincia (Fallos CSJT nro. 898, 22/09/2014) y no se consignan votos en disidencia en el texto aportado.
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