NOGAROL CLAUDIO ALBERTO C/ COLEGIO DE INGENIEROS Y TECNICOS DE LA INGENIERIA DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS S/RENDICION DE CUENTAS -DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-

¿Quién es el actor?

Sr. Claudio Alberto Nogarol, con patrocinio letrado de las Dras. María Josefina Jaury y María Cristina Valentino Mercau.

¿A quién se demanda?

Colegio de Ingenieros y Técnicos de la Ingeniería de la Provincia de San Luis (CINYTEC).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Intima a la accionada a presentar los balances completos, detallados y documentados de cada uno de los ejercicios cumplidos desde el año 2017 para que las autoridades rindan cuentas conforme al art. 19 inc. l) de la Ley N° XIV-0365-2004 (5755).

¿Qué se resolvió?

Declarar la incompetencia del Superior Tribunal para entender en la causa y disponer que vuelvan las actuaciones al Juzgado de origen.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Que, a tal efecto y compartiendo lo dicho por el Sr. Procurador General en su dictamen, corresponde señalar lo que este Alto Cuerpo sostuvo en “CALISE ANDRÉS y OTRO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS y OTRO s/ NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO – COMPETENCIA” – IURIX EXP N° 270308/14 STJSL-S.J. – S.I. Nº 142/18 '… siguiendo al Dr. Juan Domingo Sesín, podemos señalar que anteriormente se hablaba de la doble personalidad del Estado como persona del Derecho Público y persona del Derecho Privado y que hoy la personalidad del Estado es única, aunque puede actuar en el campo del Derecho Público o en el campo del Derecho Privado; en otras palabras, como sujeto de una relación jurídico-pública o jurídico-privada. La clave de la cuestión es que corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa cuando no sólo se ejerce la función administrativa sino que se aplica además un régimen de Derecho Administrativo. (Cfr. Juan Domingo Sesín, La materia Contencioso Administrativa en Córdoba, Revista de Derecho Público, Ed. Rubinzal Culzoni, Año 2003, Nº 1, pág. 97).'"

"No escapa al análisis de la competencia lo dispuesto por el art. 816 del CPC y C en cuanto establece: 'A los efectos de la jurisdicción acordada al Superior Tribunal por el artículo 213 inciso tercero de la Constitución, se reputarán causas contencioso administrativas, las que inicien los particulares o alguna autoridad administrativa, reclamando contra un acto administrativo definitivo dictado por los órganos del Estado provincial, Municipal, entes públicos no estatales, en ejercicio de la función administrativa, y en la cual se vulnere un derecho de carácter administrativo, establecido a favor del reclamante por una ley, decreto, reglamento, ordenanza, acordada u otra disposición administrativa preexistente.' y en concordancia con ello, el art. 839 del CPC y C. que dispone : 'El Superior Tribunal desechará in limine toda demanda que verse: …2°. Sobre cuestiones en que el derecho vulnerado sea de orden civil …'"

"En suma, como ha sido planteada la cuestión, es claro que la acción de rendición de cuentas se encuentra específicamente prevista en el Código Procesal Civil y Comercial, lo que determina la naturaleza de la cuestión controvertida y escapa a la competencia, en esta oportunidad, de este Superior Tribunal."

Bloque dispositivo final (transcripción): "SE RESUELVE : I) Declarar la incompetencia de este Superior Tribunal para entender en la presente causa. II) Vuelvan al Juzgado de origen. III) Ofíciese a sus efectos. REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE."

¿Cómo votaron los jueces?

No se consignan votos en disidencia en el texto; la resolución aparece firmada por los Sres. Ministros Andrea Carolina Monte Riso, Cecilia Chada, Jorge Omar Fernández y Jorge Alberto Levingston.